Contribución
al Seminario
Comunista Internacional
"Crisis económicas y la posibilidad de una gran crisis mundial"
Bruselas, 2-4
mayo de 2002
www.icsbrussels.org , ics[at]icsbrussels.org
Hubert
Ballesteros y Gerardo González
Comité Ejecutivo de Fensuagro y Asociación Nacional de Reservas Campesinas,
Colombia
Se extienden las llamas de la “democracia” genocida
En Colombia existe un régimen de exterminio de la oposición social y política, con una larga historia de violencia, correlacionada estrechamente con la concentración de la propiedad de la tierra. La violencia no comenzó con el narcotráfico, sino muchísimo antes. Tampoco comenzó con la guerrilla, que fue una respuesta a la Violencia del régimen durante La Violencia entre 1948 y 1958. Entonces 2 millones de campesinos fueron desplazados de sus tierras y 200 mil personas fueron asesinadas. Al mismo tiempo, las plantaciones de caña de azúcar se extendieron por el departamento del Valle del Cauca, el que mayor número de campesinos desplazados tuvo, 500 mil. En el Tolima, Segundo departamento en número de desplazados, en esa época la producción de algodón se quintuplicó. Era y es un modelo de "desarrollo" a sangre y fuego.
Un proceso de concentración de la propiedad similar al de esa Violencia ocurre en la violencia actual. Los grandes propietarios pasaron de tener el 32 % de la tierra en 1984 a tener el 45 % en 1997, gracias a la guerra. Se trata de una concentración meramente especulativa que espera la valorización de las tierras cerca de los megaproyectos y explotaciones petroleras. Mientras las pequeñas propiedades tienen el 44 por ciento del área sembrada en apenas el 15 por ciento de la tierra, los latifundios tienen apenas el 9 por ciento del área sembrada aunque poseen el 45 por ciento de la tierra.
A pesar del notorio aporte económico y social del campesinado a la economía colombiana, la visión del proceso de violencia es la de exterminarlo. El canadiense Lauchlin Currie, asesor de varios presidentes de Colombia, entre ellos el padre del actual, Pastrana, opinaba que para el desarrollo del país "probablemente la violencia y el secuestro son los más serios obstáculos y por supuesto, la competencia de la agricultura de tipo primitivo". "Competencia exagerada", decía él
Currie creía y con él la clase dominante de Colombia de hoy, que toca eliminar al "primitivo" campesino por atracción o por expulsión. Para "atraerlo" crearon durante el gobierno del primer Pastrana, los programas de vivienda financiados con el usurero sistema UPAC, finalmente colapsado, por los altos intereses, en el año 99. Pero para ellos, si no se pudo eliminar al campesino por atracción, "la Guerra tomó el lugar de un programa deliberado de movilidad acelerada…no mediante las fuerzas económicas naturales sino por un programa de choque. Esto fue verdaderamente un rompimiento (breakthrough) y ahora podemos hablar con confianza de un despegue garantizado."[1] Como el Gobernador de la novela colombiana La Vorágine, ellos matan "sólo por suprimir la competencia", la inadmisible y en condiciones normales victoriosa competencia de los campesinos. El país entre tanto ha multiplicado por ocho las importaciones de alimentos, en tanto que el esquema de globalización impuesto descarta el desarrollo agrícola del país y decreta la llegada de la hora del fin del campesinado.
Hay por lo menos una masacre diaria en Colombia y casi siempre afecta a los campesinos. De acuerdo con el banco de datos del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, en el año 2001 se registraron 529 masacres, en las cuales perecieron 2701 personas. Según este mismo banco de datos, de las 3768 personas víctimas de homicidios políticos en el mismo año, se tienen datos sobre la posición ocupacional de 2568, de los cuales 1228 eran campesinos, es decir el 47,8 %. 342 mil personas fueron desplazadas de sus tierras el año pasado. Este es el genocidio social que Colombia vive, al cual se agrega el genocidio político, que ha costado la vida a 4.000 activistas de oposición y 3.000 líderes sindicales en 14 años.
Una sola de las federaciones campesinas ha tenido 1.700 líderes asesinados en la última década. Desaparecen dos personas por día. Asesinan en promedio cuatro campesinos diarios para quitarles la tierra y un líder indígena a la semana. Dos de cada tres sindicalistas asesinados en el mundo fueron muertos en Colombia. En el año 2001, fueron asesinados 172 sindicalistas como mecanismo para imponer violentamente un modelo de reactivación pagada por la mano de obra, con salarios promedios inferiores a los del gran parte de América Latina. Toda alternativa política al bipartidismo tradicional ha sido exterminada desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cuando éste, el más importante caudillo popular colombiano del siglo XX estaba a punto de ganar las elecciones presidenciales. Entre 1975 y 1983 fueron liquidados los concejales de la Unión Nacional de Oposición en las zonas donde esa alianza había Ganado las elecciones. La Unión Patriótica perdió a la casi totalidad de sus dirigentes y parlamentarios a partir de su creación en 1985.
El sacerdote jesuita Javier Giraldo ha denominado a este sistema, que se sostiene mediante el asesinato masivo, la "Democracia Genocida", la también llamada "democracia más antigua de América latina, que bien cabe dentro del rótulo de "Democratadura" con el que el escritor uruguayo Eduardo Galeano designa a ciertas dictaduras civiles que sirven de mascarada para aplastar a un pueblo.
En las condiciones actuales en que el gobierno de Estados Unidos bombardea a discreción cualquier país que se niegue a obedecer a sus planes, en que quiere imponer su voluntad y orden por encima del derecho internacional para garantizar la expansión del capital de las transnacionales y en que llega hasta echar atrás las conquistas de la revolución francesa y la declaración de Naciones Unidas en el campo de los derechos humanos, el modelo de la Democracia Genocida parece cobrar una importancia internacional. Colombia es un país modelo donde se realizan elecciones, los presidentes cumplen religiosamente sus períodos y se extermina la oposición política, sindical y social, a la vez que se garantiza el desplazamiento masivo de la población de áreas estratégicas. Derrotar semejante modelo en Colombia es definitivo para evitar que se extienda por el mundo y para lograr un mundo solidario donde los trabajadores y los pueblos tengan realmente la palabra decisoria.
Estados Unidos aprobó en primer instancia mil trescientos millones de dólares para nutrir el llamado "Plan Colombia". El 83 por ciento de este dinero se dedica a fines militares, principalmente helicópteros Black Hawk y Huey. Demócratas y Republicanos compartieron utilidades para las respectivas corporaciones que los producen (United Technologies y Bell), las cuales sostienen sus campañas electorales.
Pero el Plan Colombia tiene objetivos mucho más grandes que vender helicópteros. Uno es el petróleo. La desaceleración de la economía norteamericana se puso en evidencia desde el segundo semestre del 2000 y se convirtió en recesión durante el 2001, lo cual hizo ver como un peligro el alza de los precios del petróleo. Japón no logra salir de una fuerte recesión y al igual que Estados Unidos y Europa se interesan por producir y perpetuar una rebaja de los precios de los combustibles.
El pasado auge norteamericano y europeo se edificó sobre el repliegue de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, la cual se debilitó desde la década de los 80, cuando la producción masiva de los pozos del mar del Norte y de México hizo echar atrás su unidad y los precios. La Shell emergió entonces como empresa rectora, seguida de la BP, mientras la Amoco fue comprada por ésta; la Texaco, que como Occidental había caído bajo la influencia de Shell, fue comprada por Chevron y, la norteamericana Exxon adquirió a la Mobil rehaciendo la antigua Standard Oil. Las "siete hermanas" del domino del petróleo en el mundo se redujeron en la práctica a cuatro (Exxon, BP, Shell y Chevron) rodeadas de empresas menores que hoy trabajan por todos lados, quedando a la larga bajo la hegemonía de la banda de las cuatro.
Las reservas petroleras de Colombia son un buen bocado, aunque no sean, ni lejanamente, comparables a las de Venezuela. Fueron conservadas para un mejor momento, que parece haber llegado, primero por la reactivación de la OPEP y ahora por la guerra en el Medio Oriente, y en la medida en que los dos últimos gobiernos colombianos desmantelaron las defensas del país frente a las transnacionales: Por primera vez, durante el Gobierno de Ernesto Samper, una transnacional (Texas, en ese momento bajo el dominio de Shell) logró que un contrato de hidrocarburos no revirtiera a Ecopetrol en la fecha fijada y se prorrogara, como ocurrió en el caso del gas de la Guajira. En Octubre de 1999, el presidente Andrés Pastrana se reunió Houston (Texas) con los ejecutivos de las principales compañías de petróleo y electricidad, coordinadas por el entonces gobernador de Texas, George W. Bush. Pastrana prometió mayores concesiones para la explotación de gas y petróleo y la continuidad de las privatizaciones en el sector eléctrico. Luego se modificó el sistema de contratación, cambiando inconstitucionalmente la asociación 50 y 50, por 25 y 75 %, y elevando la participación de las transnacionales, autorizando disminuciones de regalías mínimas del 16 al 5 por ciento y modificando contratos ya firmados a favor de la parte extranjera[2].
Así, desde 1999 Colombia ha aumentado rápidamente los contratos de exploración y explotación petrolera, especialmente con empresas estadounidenses, canadienses, británicas y españolas: BP-Amoco, Chevron-Texaco, Shell, Exxon, AEC, Talismán, Alberta Energy, Repsol y Cepsa. Impresiona mirar el loteo en los mapas de Ecopetrol. La llamada "Ronda 2000" completa el reparto, del cual solamente restan por distribuir, la cuenca del Pacífico, considerada por Estados Unidos como reserva especial para contingencias militares y la del suroriente amazónico. En torno al Plan Colombia se orquestó el más extremo listado de ofertas hechas realidad a favor de las transnacionales petroleras a cambio del sostenimiento de los gamonales colombianos. Si antes, el Gobierno Samper obtuvo el más decidido apoyo público de las petroleras frente a la crisis que vivió por el proceso 8.000, a cambio de entregarles prebenda tras prebenda, ahora el gobierno Pastrana les ha dado todo por los dólares que Estados Unidos dará para la guerra.
En la reunión con Pastrana estuvo la tristemente famosa Enron, propietaria principal de Promigas en Colombia e involucrada en otro escándalo en nuestro país. La Enron encabezó la presión para la aprobación del Plan Colombia, junto con la Occidental Petroleum (Oxy), en la cual la familia del entonces Vicepresidente Gore era accionista. Oxy estaba expropiando tierras del pueblo U'wa al nororiente de Colombia y esta región fue militarizada al comenzar a ponerse en práctica el Plan, con el objetivo de garantizar a la Occidental imponerse sobre los derechos de los U'wa.
La AEC, entonces la Canadiann Oxy, es copropietaria contrato para explotar un importante pozo petrolero, en la región del Sumapaz, cerca de Bogota, la que fue declarada zona de Guerra la misma semana que se inició el Plan Colombia. También es beneficiaria de contratos en el Putumayo, en la zona donde se adelanta la primera fase del Plan Colombia, y que ha sido entregada, milímetro a milímetro, a las petroleras.
En el campo energético, otro objetivo es la generación y distribución de electricidad, en combinación con la producción de gas natural, en momentos en que en Estados Unidos ha comenzado la crisis en las electrificadoras privadas en el estado de California, ha quebrado Enron y se requieren urgentemente gas e interconexión continental.
Las empresas estadounidenses y españolas han incursionado fuertemente apoderándose de las empresas privatizadas, en algunos casos por la tercera parte de su valor como pasó en la Costa Caribe. Allí, Reliant Energy de Houston compró las empresas y luego revendió las de Cartagena (Electrocosta) y Barranquilla (Electrocaribe) a la española Unión FENOSA, que a su vez es aliada y socia de la Enrón en proyectos en República Dominicana, México y Venezuela.
La historia de la privatización caribe ha estado plagada de negocios sucios y asesinatos de sindicalistas, indígenas Embera Katío y del abogado del la empresa en Barranquilla que quiso denunciar los entuertos. En Cali, la empresa de electricidad EPSA siguió el mismo recorrido, de Reliant a Unión FENOSA. Esta última había decidido apoderarse de EMCALI las empresas municipales que incluyen los teléfonos y el acueducto. La principal generadora, la antioqueña Isagen va ahora a ser privatizada, concursando la misma Unión FENOSA, AES Corporation. La alta participación de las empresas españolas en el negocio energético explica el interés del gobierno español en el Plan. Así como se conocen ahora las relaciones del presidente Bush y su gobierno con Enron, se sabe que Joseph Piqué, ministro del Interior de España, estuvo en el negocio de la adquisición de Ertoil por la petrolera Cepsa.
Durante la discusión del Plan en el Congreso de Estados Unidos, los senadores Dewine, Grasseley y Coverdell urgieron a Colombia dar prioridad a la industria del petróleo. En un artículo el 10 de Abril del 2000 en el Washington Post, Coverdell escribió que ¡la necesidad de proteger los intereses petroleros en Venezuela justifica la intervención estadounidense en Colombia! “El patio trasero”, según él. El gobierno venezolano de Hugo Chávez fue líder de la OPEP para regular el Mercado de los combustibles en favor de los exportadores. La nueva administración de Venezuela, con una renovada mayoría electoral, ha aplicado importantes reformas políticas y comienza a impulsar reformas sociales y económicas. A la vez ha impulsado un acuerdo para producción y distribución de petróleo con Brasil. Se sabe que el gobierno de Brasil no es totalmente consecuente con su aliado venezolano y trata a la vez de intercambiar acciones de Petrobras con la empresa española Repsol y se asocia para sacar nuestro petróleo en Melgar, Boquerón y Guamo con AEC, pero el doble papel de Brasil y Petrobras no hace sino aumentar los celos ante la posibilidad de una ruptura de la hegemonía de la banda de las cuatro hermanas.
Por otra parte, Venezuela ha entregado combustibles a bajos precios a todos los países de Centroamérica y el Caribe, estableciendo una nueva alianza económica regional caribeña. Esta trayectoria y las visitas de Chávez a Irak y Cuba y su clara crítica a los bombardeos contra Afganistán, han puesto contra él a Washington y a las transnacionales petroleras. El Washington Post, en editorial, declaró a Chávez "el próximo Castro". El vicepresidente de la Oxy, Lerry Mariage demandó que el Plan Colombia sea ejecutado también sobre la frontera colombo-venezolana[3].
La oligarquía colombiana y su prensa han saltado a apoyar la estrategia de las transnacionales petroleras contra Chávez. Inventaron incursiones del ejército venezolano dentro del territorio colombiano (en zona ocupada por los paramilitares), acusaron a Chávez de apoyar a las guerrillas colombianas y a movimientos inconformes en otros países y fabricaron el caso del supuesto guerrillero que lo habría escoltado en una visita a Bogotá. El expresidente López Michelsen políticos colombianos hacen declaraciones diarias contra el gobierno venezolano. Todo esta campaña de prensa busca crear el clima sicológico para fabricar un conflicto colombo-venezolano que convertiría la intervención de Estados Unidos en Colombia en una intervención para agredir al gobierno de Venezuela. Los paramilitares han "limpiado" de campesinos la región del Catatumbo y tratan de provocar enfrentamientos con el ejército venezolano, sirviendo además como fuente para las informaciones de prensa contra Venezuela.
Ecuador también está amenazado. Estados Unidos construye allí la base militar de Manta, que junto con las que funcionarán en Antillas Holandesas sustituirán el papel de las anteriores bases en el canal de Panamá y harán de tenazas sobre la región. Holanda coopera sí dentro de los mecanismos de la OTAN, pero a la vez dentro de los intereses de la empresa holandesa Shell, que tiene un contrato gigante para la exploración marítima de gas en la cercana Guajira y por medio de su antigua Billiton ahora en manos de la Gencor (empresa “surafricana” establecida en Suiza), compró la mitad de las acciones de la explotación de carbón de El Cerrejón en Guajira, a pocos kilómetros de Aruba y Curazao.
Ecuador está dentro de las miras del artículo de Coverdell como país productor de petróleo. Un organizado y poderoso movimiento indígena, en alianza con los sindicatos y con militares bolivarianos aspira a gobernar el país y ello es visto como un peligro por Coverdell y los círculos allegados a las transnacionales y a los gamonales latinoamericanos.
Ya no se trata solamente del Plan Colombia, sino de la Iniciativa Andina, a la cual se entregarán otros 700 millones de dólares. La base militar de Estados Unidos en Manta (Ecuador) y las bases de Holanda en Aruba y Curazao son una tenaza para apretar no solamente a Colombia, sino a Venezuela y Ecuador y que se pretendía justificar por la necesidad de remplazar las bases en Panamá, país al que ahora se le exige aceptar “tropas visitantes” de Estados Unidos y que por el momento las acepta con el pretexto de que ayudarán a construir carreteras y escuelas.
Profundizando este espíritu militarista, los asesores del presidente Bush le han recomendado en abril pasado seguir en Brasil el método de 1964, porque el que control Brasil, controla Suramérica. En Brasil, el Partido de los Trabajadores PT ganó en el 2000 las elecciones en la tercera parte de los municipios, incluida la ciudad de San Pablo, la más grande del país, mientras otro partido de oposición, el laborista (víctima del golpe del 64) ganaba la alcaldía de Río. Ustedes saben que el PT podría ganar las próximas elecciones presidenciales mientras que el movimiento campesino de los Sin Tierra MST es cada vez más activo y fuerte. A Washington no le gusta tampoco, que el propio gobierno actual de Brasil no acepte, adelantar del 2005 al 2003 la formación del acuerdo de libre comercio de las Américas ALCA e insista – con Venezuela- en fortalecer el Mercosur. El gobierno de Pastrana en cambio quiere el ALCA desde el 2000.
Si el neoliberalismo llegó a América Latina en las botas del general Pinochet, el ALCA quiere llegar volando en los helicópteros del Plan Colombia.
En Paraguay ya hay varias decenas de militares de Estados Unidos en misión de supuesto “entenamiento y asistencia”. En realidad no solamente apuntan al control del combativo movimiento campesino paraguayo, sino al control del Brasil, de Argentina y del Mercosur en cuyo corazón se instalan. Son los ejércitos de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile los que se prestan a entrenar invasiones a Colombia, mientras que Argentina, en medio de la crisis aceptó una base estadounidense para “investigaciones nucleares” en Tierra de Fuego.
Hoy, es creciente la actividad popular en el continente. El argentinazo significó y significa un contundente repudio de las grandes masas al modelo impuesto. En Bolivia los campesinos paralizaron las ciudades, primero con un largo bloqueo que obligó al gobierno de Banzer a echar atrás la privatización del agua y ahora con otros que obligaron a Quiroga a negociar sobre la erradicación de los cultivos de coca. La insurgencia indígena en México hace parte de este cuadro Latinoamericano en que el Plan Colombia se sitúa.
Si el supuesto objetivo principal del Plan Colombia es precisamente la destrucción de los cultivos ilegales mediante las fumigaciones, la verdad es que ellas, lejos de haber destruido los cultivos ilegales, entre 1999 y 2001 aumentaron el área sembrada de coca y amapola en más de 90 mil hectáreas una suma casi igual al área fumigada.
En realidad, el Plan Colombia no tiene ninguna incidencia sobre le narcotráfico y en cambio se dirige cada vez más abiertamente contra la insurgencia armada y se insinúa como el instrumento para contener las luchas de toda Suramérica contra le neoliberalismo y el ALCA. ¡Detengámoslo ya!
e masas en Suramérica y es echarle gasolina al fuego del conflicto social en la región, de manera que toda Suramérica puede llegar a arder por la irresponsabilidad de una aventura militarista.
Fensuagro y el movimiento popular en su conjunto luchan por:
Reforma agraria integral y democratica
Por credito subsidiado y a largo plazo
Suspension de la importacion de alimentos que se producen en Colombia
Por salud, educacion, libertades politicas y sociales, por nacionalisacion de las empresas productivas y bancos privatisados
Por un nuevo modelo de desarrollo independiente y soberano alejado de la felula del FMI, de las transnacionales y del imperialismo.
[1] CURRIE, Lauchlin; “Desarrollo Económico Acelerado”; F.C.E. México, 1968, pg. 95
[2] Modificación declarada inconstitucional se cumple “porque los contratos se firmaron antes de la sentencia de la Corte”.
[3] Vicepresidente de Oxy defiende el paquete de ayuda para Colombia "Estados Unidos debe proporcionar el garrote" EL TIEMPO, 18 de febrero de 2000, Bogotá.