Armando García, Departamento de Relaciones Internacionales, Comité
Central
Partido Comunista de Cuba
Contribución al Seminario Comunista Internacional "Imperialismo,
Fascistización y Fascismo" Bruselas, 2 - 4 de mayo 2000
Durante varios meses el caso del niño cubano Elián González, ilegalmente secuestrado en EE.UU. e impedido de reunirse con su padre y su verdadera familia, ha sido objeto de una monstruosa manipulación promovida, financiada y dirigida por elementos de la extrema derecha norteamericana, asociados a la mafia cubano-norteamericana asentada en el sur de ese país, y cuyo objetivo ha sido el descrédito y el aislamiento de la Revolución Cubana.
Tendríamos derecho a preguntarnos, no sólo los cubanos,sino todas las personas honestas y progresistas del planeta, cuáles son las circunstancias que han conducido a tal injusta situación. Y siempre encontraríamos en el origen de estos acontecimientos una de las más torcidas medidas aplicadas a Cuba por el Gobierno de EE.UU.: la llamada Ley de Ajuste Cubano.
Como es conocido, bajo el pretexto hipócrita del apoyo a supuestos perseguidos en Cuba, esta ley ha constituido -a lo largo de sus 33 años de vigencia- un estímulo a la emigración ilegal en cuyo sustento está el drama que ha vivido el pequeño Elián. Por ello, y con toda razón, Cuba ha proclamado que no se trata sólo de la urgente devolución del niño secuestrado a su entorno social y familiar en nuestro país, sino de la eliminación de esta legislación que constituye, a la vez, una provocación y un acto discriminatorio.
Al amparo de esta ley se produce el contrasentido de que candidatos a la emigración desde Cuba hacia EE.UU. y a quienes este último país les niega la visa de entrada, luego sean acogidos, en ocasiones como héroes, en territorio norteamericano.
Sería larga la lista de las personas que, protegidas por el espíritu de esta ley, han viajado ilegalmente a EE.UU. Para lograr su objetivo, esas personas se han apoderado de barcos o aviones, han cometido crímenes a su salida, o han puesto en peligro la vida de otras personas, y ninguna de ellas ha sido devuelta a Cuba para ser juzgada por los actos delictivos relacionados con su salida. Más aún, la mayoría de esos emigrantes no han sido molestados en EE.UU., donde viven en completa libertad.
Como si todo lo antes señalado fuera poco, en los últimos tiempos se ha hecho más intenso el contrabando y el tráfico de emigrantes desde Cuba por parte de personas residentes en EE.UU. que utilizan embarcaciones de matrícula norteamericana, con contratos y financiamientos realizados allí, y cuya actividad viola las leyes de EE.UU. En ello nuevamente encontramos la complicidad de quienes alientan semejante política. En menos de dos años, desde abril de 1998 hasta febrero de este año, han sido detenidas en Cuba 60 personas implicadas en este criminal tráfico, mientras que en EE.UU. no ha sido sometido a la ley ni uno solo de estos contrabandistas.
Al mismo tiempo, las autoridades norteamericanas han dado el silencio como respuesta al ofrecimiento del Gobierno de Cuba de extraditar a esos contrabandistas a EE.UU., en virtud del principio de que el delito principal fue cometido en territorio norteamericano y, por lo tanto, deben ser juzgados allí. Con toda razón el Compañero Fidel Casstro señalaba recientemente: ¨Cuántas vidas habrá costado a nuestro pueblo esa Ley de Ajuste a lo largo de 33 años de vigencia. Cuántas vidas de niños inocentes, arrancados de sus escuelas, conducidos a tales peligros por madres o padres irresponsables, o engañados por ilusiones, o por viles campañas y exhortaciones que emanan de la propaganda masiva que se lanza desde el país que, por otro lado nos bloquea y nos trata de matar de hambre y enfermedad¨.
El Gobierno de EE.UU. ha protagonizado una vez más un nuevo y reciente episodio de su guerra contra Cuba. En esta ocasión el incidente ha ocurrido en el contexto de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, e ilustra de forma clara los mecanismos de presión y chantaje que distorsionan y deforman instituciones creadas con otros fines.
Como es conocido, después de manipular durante un largo período a esta Comisión a favor de sus propósitos anticubanos, hace sólo dos años EE.UU. vio derrotado de manera inobjetable su proyecto de resolución de condena a Cuba bajo el pretexto de la violación de los derechos humanos. Aquella victoria de la justicia y la razón debió ser suficiente para dar por concluido ese bochornoso ejercicio.
Pero no fue así. La experiencia de la derrota llevó a los estrategas del imperio a la fórmula de encomendar a algunos de sus dóciles peones la obligación de asumir públicamente la presentación del proyecto de resolución contra Cuba, obviamente elaborado y preparado en Washington. Este escenario de farsa prevaleció en las sesiones del pasado año y, sólo luego de enormes presiones y amenazas, EE.UU. logró una votación que le fuera favorable por el margen mínimo de un voto.
Hace sólo unos días, otra vez con el concurso servil del Gobierno de la República Checa, EE.UU. logró imponer en ese organismo la aprobación de una resolución contra Cuba, apoyado en sus aliados europeos, de la OTAN y de Asia, y -sobre todo- con el desempeño de una descomunal ofensiva de amenazas, presiones y chantajes a países y gobiernos mucho más vulnerables.
De esta forma nos encontramos ante el hecho absurdo de que el país que viola los derechos humanos del pueblo cubano mediante un injusto bloqueo económico, comercial y financiero, universalmente condenado, se convierte en el pretendido juez de ese pueblo. No se trata, ni mucho menos, de una victoria de ideas, ni del fruto de un debate justo y equitativo. Es, ante todo, que los países desarrollados, ricos y poderosos, con EE.UU. al frente, han logrado -en buena medida- convertir la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra en el tribunal de la Inquisición de ese mundo desarrollado contra el Tercer Mundo.
Si realmente pensáramos que esta Comisión es un legítimo espacio para la protección y la promoción de los derechos humanos, cómo entender entonces que, a pesar de las denuncias que se han escuchado allí sobre EE.UU., que han demostrado las reiteradas y flagrantes violaciones de los más elementales derechos de los afronorteamericanos, los indígenas, los inmigrantes y de millones de norteamericanos que viven en la pobreza, este organismo no haya tomado ni una sola medida al respecto.
Es inaceptable que el Gobierno de EE.UU., que se autoconsidera un ejemplo en materia de respeto a los derechos humanos, en esa propia Comisión de Ginebra haya votado en contra de resoluciones que se oponen a los crímenes de Israel en los territorios árabes ocupados, al uso del bloqueo y las relaciones económicas como medida coercitiva unilateral, a la prestación de los Estados para el reclutamiento de mercenarios, y que proclaman el derecho de todos a la alimentación.
Todo este sucio espectáculo muestra que, más allá de las palabras y de las campañas de quienes monopolizan los grandes medios de comunicación, no son legítimas preocupaciones por los derechos humanos lo que mueve a EE.UU., sino el propósito de desacreditar y difamar a la Revolución Cubana, en aras de justificar su política de agresión, guerra y bloqueo, que dura ya más de 40 años.
En las afirmaciones precedentes hemos querido mostrar -mediante hechos y circunstancias del período más reciente- cómo se conduce y cuál es la naturaleza de las fuerzas y las posiciones de ultraderecha que desde EE.UU. imponen su ley a la política que se sigue respecto a Cuba.
Estos acontecimientos no son más que los episodios más actuales de la hostilidad histórica de EE.UU. contra la nación cubana, que ha incluido intervenciones militares directas, la organización de invasiones mercenarias, el mantenimiento y reforzamiento de un cruel e injusto bloqueo económico, comercial y financiero, acciones de guerra biológica mediante la introducción de gérmenes para propagar enfermedades entre la población civil y plagas contra los cultivos y la ganadería, el criminal apoyo y aliento a la emigración ilegal, el estímulo, la organización y el financiamiento abierto o encubierto de acciones terroristas y contra la seguridad de la sociedad cubana, así como intentos de asesinatos de sus principales dirigentes.
A mediados del año pasado y a principios del presente, un grupo de organizaciones sociales, populares y estudiantiles cubanas, que integran la casi totalidad de la población cubana, han presentado dos demandas judiciales contra el Gobierno de EE.UU. por reparación de daños e indemnización de los perjuicios derivados de la muerte de 3,478 ciudadanos cubanos, en el primer caso, y por daños
económicos y perjuicios derivados de actos ilícitos, en el segundo.
La denuncia de esos hechos y agresiones se basa, en primer lugar, en las pruebas de que disponen las autoridades e instituciones cubanas y, además, en el contenido de documentos secretos desclasificados por el Gobierno de EE.UU., entre ellos, el ¨Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro ¨, propuesto por la Agencia Central de Inteligencia ( CIA ) y el Departamento de Estado al presidente Dwight D. Eisenhower y aprobado por éste el 17 de marzo de 1960, que autorizaba a emprender acciones encubiertas contra Cuba, incluidoss ataques piratas aéreos y marítimos, la promoción y apoyo directo a grupos contrarrevolucionarios dentro de Cuba y asignaba los fondos necesarios a la CIA.
Según el Informedel Inspector General de la CIA, Lyman Kirkpatrick, elaborado en 1961 y recientemente desclasificado, el centro de la CIA en Miami, dedicado a las actividades contra Cuba, llegó a tener 588 personas, convirtiéndose, según Lyman, en uno de los más grandes buróes de los servicios clandestinos.
Comenzó así una primera etapa de la guerra encubierta contra Cuba con el bandidismo armado. Esas bandas, organizadas por la CIA, recibieron durante años armas, municiones, explosivos, equipos de comunicaciones y logística, suministrados por el Gobierno de EE.UU. por vía aérea, marítima e incluso por canales diplomáticos.
El bandidismo se liquidó definitivamente en 1965 y en esa lucha de más de 5 años hubo 549 muertos y un número considerable de heridos.
En abril de 1961 se produjo la invasión mercenaria a nuestro país por Playa Girón, organizada también por la CIA y aprobada por los presidentes Eisenhower y John F. Kennedy y que constituyó una gran derrota en el terreno político y militar para el Gobierno de EE.UU. En los días que duró esa operación, 176 combatientes y civiles perecieron y más de 300 resultaron heridos.
El terrorismo ha sido un instrumento permanente de la política del Gobierno de EE.UU. hacia Cuba. En la larga lista de actos terroristas contra nuestro país merecen destacarse el sabotaje al buque francés La Coubre, realizado por agentes de la CIA en su punto de embarque y que explotó en un muelle del Puerto de La Habana el 4 de marzo de 1960, con un saldo de 101 muertos y centenares de heridos, y el monstruoso sabotaje a un avión civil de Cubana de Aviación que estalló en pleno vuelo cerca de Barbados en octubre de 1976, pereciendo sus 76 ocupantes.
Con los cambios ocurridos en el escenario internacional en los últimos años han variado también las formas de manifestarse el terrorismo de Estado contra Cuba. Al final de la Administración Bush, los sectores más reaccionarios de la emigración cubana en EE.UU. dieron un nuevo aliento a la actividad terrorista. Desde 1992 hasta hoy la Fundación Nacional Cubano Americana, financista de campañas
políticas presidenciales y de conocidos legisladores norteamericanos,
concibió, organizó y financió esa nueva modalidad que consiste, básicamente, en la contratación de mercenarios de origen cubano en EE.UU. y de mercenarios de países centroamericanos para la colocación de bombas en instalaciones turísticas y otros lugares de especial significación para nuestro pueblo. En 1997 estallaron 7 bombas en hoteles de la capital del país, una de las cuales provocó la muerte de un turista italiano.
En un documento oficial suscrito el 6 de abril de 1960 por L. D. Mallory, importante funcionario del Departamento de Estado, expresó con cínica impudicia que ¨el único medio permisible para enajenar el apoyo interno es a través del descontento y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas (...) Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba (...) Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno ¨. Era, en síntesis, la plataforma programática quesustentaría durante los siguientes cuarenta años, y aún sigue sustentando, el bloqueo económico norteamericano contra Cuba.
El 3 de enero de 1961, el Gobierno de EE.UU. anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas y consulares con Cuba. El día 31 del propio mes, mediante proclama presidencial suscrita por Kennedy, quedó suprimida la cuota azucarera de Cuba en el mercado norteamericano, ascendente a unos 3 millones de toneladas.
En enero de 1962 en la Octava Reunión deConsulta de Ministros de Relacciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos culminó la maniobra de aislamiento político de Cuba en el hemisferio. Después de intensas presiones, la delegación norteamericana logró la aprobación en Punta del Este de un grupo de resoluciones que condujeron a la suspensión de Cuba de la OEA y la ruptura de relaciones diplomáticas bilaterales de la mayoría de los países latinoamericanos. Fue en esta coyuntura cuando, el 3 de febrero de 1962 el presidente Kennedy decretó el bloqueo total del comercio entre EE.UU. y Cuba.
La aprobación de la llamada Enmienda Torricelli, incluida en la Ley de Gastos para la Defensa en 1992, intensificó las medidas del bloqueo al prohibir el comercio de Cuba con filiales de empresas de EE.UU. radicadas en terceros países.
Para la economía cubana, la supresión del comercio con aquellas filiales, cuya composición era del 90% en alimentos y medicinas, fue un golpe adicional en la crítica coyuntura de comienzos de la década de los años 90.
La aprobación en marzo de 1996 de la llamada Ley Helms-Burton significó otro importante paso,sin dudas el más infame y peligroso en la escalada de la guerra económica contra Cuba. La mencionada Ley, pretende cortar la corriente de inversiones de capital extranjero hacia Cuba mediante la intimidación a inversionistas efectivos o potenciales, utilizando como instrumento de chantaje la nacionalización de propiedades norteamericanas que el Estado cubano efectuó en el contexto de la legalidad nacional e internacional y la alegada falta de compensación por dichas propiedades.
Este recuento, aún incompleto, constituye una formidable acusación que no deja dudas sobre las acciones realizadas contra el pueblo
cubano desde 1959.
En medio de esas dificultades se desarrolla la lucha de Cuba, dificultades agravadas por las complejidades de las relaciones internacionales en nuestros días. Se nos quiere obligar a un nuevo orden planetario, basado en la hegemonía de la única superpotencia, con la globalización neoliberal como doctrina y con una OTAN reconvertida en gendarme e instrumento de tal diseño estratégico.
A un mundo inevitablemente cada vez más globalizado, se le ha impuesto por los grandes países desarrollados, en especial por EE.UU. y las grandes transnacionales, un acelerado proceso neoliberal, sobre todo en las últimas dos décadas, que sólo ha traído un fracaso económico y un desastre social. El abismo entre los países ricos y el Tercer Mundo es cada día mayor y hoy tal vez como nunca cobra mayor vigencia el viejo axioma de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
En estas condiciones, para Cuba la década que concluye ha encerrado retos difíciles y nuevos peligros derivados de la pérdida abrupta de sus relaciones económicas con la desaparecida URSS y los países del Este europeo y el reforzamiento sin precedentes del bloqueo norteamericano.
Pero los intentos de aislar a Cuba y destruir la Revolución Cubana han fracasado. Cada día es mayor la condena universal al bloqueo y el apoyo que se traduce de las más diversas formas.
En medio de las limitaciones, la sociedad cubana no ha abandonado sus principios de solidaridad. Baste sólo señalar que en estos momentos estudian en Cuba más de 8,000 jóvenes provenientes en lo esencial de países del Tercer Mundo, incluyendo los que lo hacen en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas.
De igual forma 1,642 médicos y especialistas de la salud brindan sus servicios de forma gratuita en América Latina, el Caribe y Africa, atendiendo a una población de más de 10 millones de habitantes.
Hace escasamente unos días Cuba fue la sede de la primera reunión cumbre del llamado Grupo de los 77, que reúne a los países del Tercer Mundo. A la cita de La Habana concurrieron más de 120 delegaciones de esos países, de ellas 42 presididas por jefes de estado o de gobierno. Este encuentro, cuidadosamente silenciado por ¨ la gran prensa ¨ norteamericana y europea, expresó la toma de conciencia creciente de los países pobres sobre la profundidad de la crisis que enfrentan, la desigualdad, la discriminación que sufren, y constituye -sin dudas- una señal alentadora.
Al mismo tiempo, y aún en medio de muchas adversidades, el camino de la recuperación económica de nuestro país continúa su curso, sin abandonar los principios esenciales que sustentan nuestra sociedad. Ya el pasado año el índice de crecimiento económico alcanzó un 6,2% del Producto Interno Bruto y no debe ser menor de un 4% o un 4,5% para el presente año.
Tenemos plena conciencia de las dificultades que plantea la batalla que tenemos por delante; no renunciamos, ni renunciaremos a un mundo más justo, más solidario, donde cada pueblo encuentre el espacio digno que le corresponde.
Muchas gracias.