Experiencias del Partido de la Liberación (PL) en lucha contra la
dictadura fascista y la posterior democracía burguesa
Partido de la Liberación (PL) de Argentina
Contribución al Seminario Comunista Internacional "Imperialismo,
Fascistización y Fascismo" Bruselas, 2 - 4 de mayo 2000
I. La Antesala del golpe de 1976
El 24 de marzo de 1976 se instauró en Argentina una dictadura militar fascista mediante un golpe de Estado que causó 30.000 detenidos-desaparecidos y varios miles más de asesinados, presos políticos, torturados, despedidos, exiliados, etc. Ese cuartelazo tuvo su antesala en el gobierno oligárquico de Isabel Perón (1974-1976), del Partido Justicialista, quien utilizó las fuerzas policiales y del Ejército en la represión al pueblo y el movimiento revolucionario. En febrero de 1975 ordenó al Ejército "aniquilar la subversión" en la provincia de Tucumán ("Operativo Independencia"). Luego, mediante decretos secretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), extendió esa orden al resto de las Fuerzas Armadas para operar en todo el país. Ese gobierno peronista creó en la clandestinidad la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una organización paraestatal de represión ilegal, que entre 1973 y las vísperas del golpe había asesinado a unas 1.500 personas. A diferencia de quienes apoyaron a Isabel Perón y su fascista ministro José López Rega, como el Partido Comunista Revolucionario (PCR), nuestro Partido se enfrentó con dicho gobierno considerando que estaba pavimentando el camino para el avance del ulterior golpe. Durante ese período conseguimos en muchas asambleas obreras (por ejemplo, de los sindicatos mecánico y ferroviario de Córdoba, Acindar de Villa Constitución, Ledesma de Jujuy, etc) pronunciamientos en contra del golpe, que se hacía inminente a fines de 1975. Desde el año anterior, nuestro Partido agitaba ante las masas populares la consigna: "En caso de golpe: parar, ocupar y luchar". Pero entre 1974 y 1975 la tarea más urgente era enfrentar el reaccionario gobierno de Isabel Perón y López Rega, porque eran los que directamente afectaban al pueblo con sus planes económicos dictados por el FMI y lo sangraban con una creciente represión. En la oposición a ese gobierno se debían acumular las fuerzas necesarias para enfrentar el golpe de Estado en ciernes. El 24 de marzo de 1976, cuando las Fuerzas Armadas consideraron que habían logrado del gobierno justicialista todo lo que éste podía darles, lo hicieron a un lado de un manotazo y se apoderaron directamente del poder. Evaluamos como positiva la línea política y la actuación del Partido en esos años cruciales previos al golpe. El II Congreso Nacional del Partido, en enero de 1976, hizo una reivindicación de lo actuado contra Isabel Perón y convocó a una gran actividad antigolpista, señalando perfectamente el carácter fascista, oligárquico y proimperialista del inminente golpe. Ratificó la consigna antigolpista de "Parar, Ocupar y Luchar por todos los medios". El mismo 24 de marzo aproximadamente 100.000 trabajadores pararon contra la naciente dictadura militar. Pero el despliegue de tanques y unidades militares a lo largo y ancho del país impidió que la resistencia tomara mayor altura. Evidentemente no era un golpe que se pudiera impedir con una medida de fuerza político-gremial. La Junta de Comandantes se entronizó en el poder con el apoyo del imperialismo, las grandes cámaras empresarias, la cúpula de la Iglesia, los grandes medios de comunicación y la dirigencia de varios partidos, como la Unión Cívica Radical, sectores peronistas y el Partido Comunista (PC).
Este último consideró que el golpe podía ser un paso adelante en dirección a un convenio y un gobierno cívico-militar, buscando diferenciar al dictador Videla del dictador Pinochet de Chile. El PC avaló la represión a la guerrilla a la que calificaba de "ultra", aunque en realidad el fascismo oprimía a todo el pueblo argentino. Una conclusión que sacamos fue que buena parte de la posibilidad de derrotar o no a un golpe de Estado se decide en el período inmediatamente anterior. En este caso, ese lapso fue ocupado por el gobierno peronista de la gran burguesía, favoreciendo al cuartelazo con planes de hambre y represión. El PCR, que defendió a Isabel Perón hasta el final, dijo -en cambio- que no estaba cerrada la posibilidad de que ésta resistiera y hasta ¡entregara armas al pueblo!. Otra conclusión es que a un golpe dado con la intervención unida de las Fuerzas Armadas fascistas no se lo puede parar sólo con una movilización de masas. En esos casos hay que tener fuerzas revolucionarias medianamente fogueadas y desarrolladas para golpear junto al movimiento de masas. En caso contrario, al menos en lo inmediato, el golpe triunfará.
II. El fascismo
El golpe de Estado quiso imponer el terror generalizado en la población y aniquilar completamente a las fuerzas revolucionarias, los sindicatos clasistas y especialmente las organizaciones guerrilleras. El sentido de esa política era favorecer la aplicación del plan económico del ministro José A. Martínez de Hoz (presidente de la siderúrgica Acindar, del Consejo Empresario Argentino, de la Compañía Italo Argentino de Electricidad y la suizo-norteamericana Brown Boveri).
Esos grupos económicos, más Shell, Esso, Standard Electric, Siemens, Renault, Ford, Cargill, Mercedes Benz, Ingenio Ledesma, etc, y el capital financiero internacional estuvieron detrás de la dictadura militar desde su inicio. En 1976 la correlación de fuerzas había cambiado, colocándose el bloque imperialista-oligárquico en posición dominante y a la ofensiva. El movimiento de masas comenzó su reflujo o descenso, tras los combativos años de los Cordobazos y otras puebladas. Las fuerzas revolucionarias estaban a la defensiva, tratando de impedir su liquidación; ya venían muy golpeadas por la represión de Isabel Perón y la Triple A. En esas condiciones el Partido se orientó por un artículo del entonces Secretario General, Roberto Cristina, titulado "Tres pilares, un estilo y un método". En síntesis, allí se planteaba que, en las condiciones de ofensiva de la dictadura fascista, correspondía que tuviéramos una política defensiva y cuidadosa de masas, evitando el enfrentamiento decisivo con el aparato represivo. Y que, a esa táctica correspondía una línea de consolidación del Partido; o sea defender la fuerza propia antes que pensar en planes de expansión. Dicho esquemáticamente: a tiempos de Cordobazos correspondían una línea de ofensiva de masas y expansión de la organización partidaria; a tiempos de derrota y reflujo, una línea de defensiva y consolidación partidaria. En cuanto al estilo y método, Cristina planteó la necesidad de un estilo de trabajo en profundidad en el movimiento de masas y de un método de apuntar a logros de mediano y largo plazo. Eran recomendaciones contra el estilo de trabajo superficial o de "picoteo" (picotear un poco aquí y otro allá, sin profundizar el trabajo en un frente determinado), y contra las aspiraciones subjetivistas o "estallidistas" de lograr éxitos en el corto plazo. Fue una buena orientación para un Partido que venía acostumbrado casi exclusivamente a tácticas de barricadas y de agitación permanente, que no sabía retroceder ni defenderse. Sí teníamos experiencias de lucha contra dictaduras militares, como la "Revolución Argentina" de 1966-1973, pero ninguna había sido tan sangrienta y fascista como la del llamado "Proceso de Reorganización Nacional". En consecuencia, aquella orientación defensiva y de consolidación fue buena pero insuficiente. Fue buena porque nos ligó más profundamente al movimiento de masas y nos ayudó a eludir los zarpazos represivos. Fue insuficiente porque la represión fascista desbordó toda nuestra anterior experiencia de resistencia y cualquier cálculo previo sobre la brutalidad de los genocidas conducidos por el general Videla, el almirante Massera y el brigadier Agosti. Mientras el Partido buscaba aplicar una táctica de masas, el Comité Central comenzó a debatir la estrategia de poder. En todo caso ése fue un "mérito" de la situación dictatorial, que nos obligó a precisar cuál sería nuestra estrategia de poder. La misma se plasmó en la reunión del Comité Central de junio de 1976, que acordó las "Orientaciones Estratégicas". Allí se precisó que vista la historia de luchas obreras del siglo XX y la importancia del rol de la clase obrera, así como la mayoría de población urbana en nuestro país capitalista dependiente, debíamos apuntar a la insurrección armada popular urbana con centro en el proletariado industrial de las grandes ciudades y basado en la alianza con el resto de los trabajadores, empleados, estudiantes, pequeña burguesía empobrecida, etc.
Obviamente ese movimiento ascendente debía contar con el respaldo de acciones del proletariado rural y el campesinado pobre en las áreas rurales, incluso del desarrollo de la guerrilla rural en el noroeste y noreste del país. Esa resolución fue correcta en líneas generales, pero tuvo dos problemas graves: fue tardía y contuvo un error fundamental del que nos dimos cuenta varios años después. Fue tardía porque el reflujo de masas iniciado a fines de 1975 y principios de 1976, con la consiguiente desmoralización, retroceso y división de las masas, no creaba precisamente un campo propicio para una lucha insurreccional, pues ésta debe coincidir con las oleadas más intensas del movimiento obrero. Y contuvo un error fundamental: se planteó una estrategia insurreccional pero no se previó que entre los picos de esos estallidos de la vanguardia y las masas había que preparar acciones guerrilleras en las ciudades y en menor medida en el campo. De lo contrario, el Partido se quedaría aguardando el momento insurreccional sin encarar acciones armadas tácticas contra la dictadura militar.
III. Logros del partido
Si bien la línea política y estratégica no se había depurado de esos y otros errores, nuestro Partido se mantuvo en lo esencial dentro del campo del marxismo-leninismo y la revolución. Se había comprobado que el gobierno peronista era capitulador y reaccionario. Se había producido el golpe proimperialista tal como habíamos alertado al pueblo. Quedaba por delante un duro trabajo para enfrentar la dictadura fascista y lo encaramos sin vacilaciones. Nuestra organización buscó insertarse en el movimiento obrero, por pequeñas que fueran sus reivindicaciones. La sola decisión de volantear una fábrica era un asunto de vida o muerte. Dos camaradas, con uno de control, colgaban los volantes -perforados con un alambre en forma de gancho- del alambrado de la fábrica por el sector donde ingresaban los operarios. Cada uno de éstos se encargaban de sacar su volante. Nuestros militantes buscaban entrar en las fábricas como obreros y técnicos, pero en la clandestinidad. En el comedor de la planta de Renault de Córdoba un día de 1980 se encontraron dos camaradas que trabajaban allí hacía tiempo y hasta ese momento el Partido no había decidido conectarlos pese a que eran amigos personales. También hacíamos agitación desde fuera para tratar de participar de los conflictos. En 1978 nuestros militantes se "pegaron" a las huelgas de portuarios y Luz y Fuerza de Buenos Aires, con bastante éxito. El oficial de la Armada que actuaba como interventor del puerto de Buenos Aires acusó a nuestro Partido de ser el instigador de la huelga, calificándonos como "los comunistas subversivos" (el marino quería diferenciarnos de los "comunistas" del PC que apoyaban a la dictadura). Uno de los más importantes trabajos de masas que emprendimos en ese momento fue apoyar a las madres y familiares de los desaparecidos. Ese esfuerzo aportó para el nacimiento de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en abril de 1977. La mejor y más dolorosa prueba de que nuestro Partido era pionero de ese movimiento fue la desaparición de cinco camaradas entre los 13 militantes de derechos humanos que fueron secuestrados en la Iglesia de Santa Cruz, en Buenos Aires, entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Ellos eran Angela Aguad, Patricia Oviedo, Raquel Bullit, Eduardo Horane y Horacio Elbert. Junto con estos entrañables camaradas fue secuestrada la primera presidente de Madres, Azucena Villaflor, las dos monjas francesas (Alice Domon y Leonie Duquet) y otros familiares de desaparecidos. Esas personas fueron secuestradas a la salida de la mencionada Iglesia donde se reunían y juntaban fondos para publicar la primera solicitada en los diarios argentinos reclamando por los desaparecidos. El método de la Armada fue infiltrar al joven teniente de navío Alfredo Astiz, quien se hacía pasar por "Gustavo Niño" y decía tener un hermano desaparecido. Llegado el momento, el marino "marcó" a sus víctimas para que fueran secuestradas por el Grupo de Tareas 3.3.2 que actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Esos y otros golpes represivos sobre nuestra organización y periferia no lograron interrumpir el trabajo partidario. La represión quería pararnos pero no podía, pese a las constantes desapariciones que causaba en nuestras filas: en Mendoza, Luis Moriña; en Córdoba, Víctor Hugo Pasciaroni, destacado cuadro revolucionario miembro del secretariado de esa regional; en Rosario, el joven Guillermo White; en Tucumán, Guillermo Rubio; en Jujuy, el principal dirigente obrero del Ingenio Ledesma, Jorge Weisz y el abogado del gremio Carlos Patrignani; en Salta el abogado laboralista Patricio Bernard; en Capital, Ana María Conti Mattei; en Buenos Aires el paraguayo Santiago Servin, director del periódico La Voz de Solano, y Hugo Massucco, obrero de Astilleros Río Santiago, entre varios otros camaradas. La dictadura quiso estrangularnos y eso se vio desde el mismo 24 de marzo de 1976, cuando dictó un decreto-ley disolviendo e ilegalizando a cinco organizaciones de izquierda, entre ellas la nuestra, llamada por entonces Partido Comunista (marxista-leninista), ex Vanguardia Comunista.
Hay que recordar que, en cambio, el Partido Comunista (PC) sólo fue "suspendido" en sus actividades, al igual que la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista y demás partidos burgueses. Ese trato tan considerado hacia la dirigencia del PC fue un gesto de la dictadura para premiar su "comprensión" en la lucha "antisubversiva", así como para prologar las óptimas relaciones comerciales de la Junta Militar con la ex URSS (en 1980 Argentina vendió granos y otros productos a Moscú por más de 3.000 millones de dólares aprovechando el boicot cerealero de Estados Unidos). El mayor peso de la represión militar seguía cayendo sobre las organizaciones guerrilleras, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), que se reivindicaba guevarista, y la organización Montoneros, del peronismo revolucionario. El Ejército se centró en el aniquilamiento del PRT-ERP en tanto la Armada se especializó en la caza de los militantes montoneros, en una suerte de división del trabajo represivo.
Las Fuerzas Armadas fueron logrando éxitos en su desarticulación de la guerrilla, incluyendo la derrota de la Compañía de Monte "Ramón Rosa Giménez" del ERP en Tucumán. Eso hizo que el aparato represivo pusiera más en su mira a nuestro Partido y otras organizaciones como Brigadas Rojas-Organización Comunista Poder Obrero. Los logros del Partido en su ligazón con la incipiente resistencia, como en la mencionada huelga de portuarios y el apoyo desde el principio a la organización de Madres, hizo que en 1978 la dictadura nos colocara entre los principales blancos a golpear.
IV. Campaña represiva de 1978
Si bien los Grupos de Tareas de la dictadura nos dieron un duro golpe en diciembre de 1977 con el secuestro y desaparición del núcleo partidario que militaba con los familiares de desaparecidos, esa cadena se cortó allí. Es que los camaradas que cayeron en esa oportunidad, como la mayoría de quienes habían caído antes en las distintas regionales, habían sellado sus labios frente a los torturadores y no le proporcionaron información. En junio de 1978, en cambio, el enemigo comenzó a golpearnos y a subir con sus patotas armadas "hacia arriba" en la estructura de la organización. De ese modo, entre ese mes y agosto del mismo año, logró grandes éxitos en su represión, destruyendo casi completamente la dirección nacional partidaria y las regionales Capital Federal y provincia de Buenos Aires. ¿Cómo pudo ocurrir eso?. En junio de 1978 la represión pegó sobre la Juventud partidaria de Capital Federal; así logró datos para pegar sobre el Partido de esa regional y luego en la provincia de Buenos Aires. La dirección de la represión contra nosotros estuvo a cargo de efectivos del Primer Cuerpo de Ejército, por entonces al mando del general Carlos Guillermo Suárez Mason.
El Secretariado Nacional, en vez de cortar los vínculos con las regionales afectadas, mantuvo la relación orgánica con éstas -con el loable propósito de ayudarlas a zafar de la campaña represiva- y terminó siendo el mismo el blanco de ésta. Las detenciones-desapariciones de cuadros se vieron favorecidas porque en algunos casos, acorralados por la represión, en una misma casa vivía más de un dirigente. Por ejemplo, en el domicilio del Secretario General Roberto Cristina también fue secuestrado Jorge Montero, otro de los tres miembros del Secretariado Nacional. También se cometieron graves errores, como el caso de un dirigente al que se le dio aviso de que los militares habían allanado otros domicilios y podían llegar al suyo, y dijo que se quedaría unas horas más antes de salir. Poco después la patota militar lo secuestró en su casa, con su mujer y su hija. Nuestros camaradas fueron llevados a un centro clandestino de reclusión y tortura llamado "El Vesubio", ubicado sobre Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, en cercanías del Puente 12, en el distrito bonaerense de La Matanza. Sobre unos 40 militantes apresados, los militares transformaron en detenidos-desaparecidos a 19, en su mayoría dirigentes que nunca más aparecieron con vida. Y legalizaron como presos políticos a los restantes, que sobrevivieron. Sobre la base de la información de éstos, el Partido pudo reconstruir más precisamente lo ocurrido en esa campaña represiva de junio-agosto de 1978. Quedó claro que los militares nos habían perseguido para aniquilarnos porque nos valoraban como una fuerza revolucionaria enemiga. Nos castigaban por nuestros aciertos y no por nuestros errores, aunque aprovecharon estos últimos para provocarnos nuevas pérdidas. En todo momento apuntaron a llegar a la cabeza de la organización, para asesinar a los cuadros políticos y robar los archivos, dinero, máquinas de impresión, etc. Tenían como medida del éxito la destrucción de la dirección nacional. Los resultados fueron que perdimos todo el Secretariado Nacional (3 miembros desaparecidos), la mitad del Comité Permanente (5 miembros desaparecidos) y más de la mitad del Comité Central (8 miembros desaparecidos). Quedaron desmantelados los equipos nacionales de finanzas y prensa y los Comités Regionales de Capital y Buenos Aires. El hecho de que los militares apuntaran tanto a la cabeza del Partido como objetivo principal a destruir nos llevó posteriormente a una conclusión autocrítica. No habíamos protegido lo suficiente al núcleo de la dirección nacional y de ese modo no habíamos sido del todo coherentes con la línea de consolidación, antes mencionada.
En 1977 teníamos en el extranjero, en función de "reserva", a sólo un miembro del Comité Permanente y a un suplente del CC. Todo el resto de la dirección nacional seguía militando dentro de Argentina en condiciones de extremo peligro. A la hora del balance acordamos que en caso de situaciones similares en el futuro no actuaremos de ese modo: sacaremos y rotaremos a los cuadros del Comité Central en forma distinta a 1978. ¿Cómo hizo la represión para darnos golpes tan demoledores en la máxima instancia de la organización?. Lo diremos en forma sencilla: hubo camaradas que se comportaron como héroes del pueblo, que no dieron datos al enemigo, aún a costa de sus vidas, de su integridad física y de sus familiares. Pero hubo otros casos, en los que los genocidas consiguieron arrancar información con las más brutales torturas, pues en los campos de concentración contaban con todo el tiempo a su favor y sin limitación de instrumentos.
Hubo unos pocos casos de dirigentes que se quebraron casi sin tortura y dieron información, como Osvaldo Balbi, miembro del Comité Central que entregó en una cita al secretario general Roberto Cristina, el 15 de agosto de 1978.
El periodista y destacado dirigente revolucionario de Montoneros, Rodolfo Walsh, responsable del área de inteligencia de esa fuerza, sostuvo en documentos internos que las Fuerzas Armadas basaban sus golpes represivos en la inteligencia orgánica y planificada. Por supuesto que en la Argentina existió ese factor, lo mismo que la infiltración de los servicios de inteligencia (no ocurrió en nuestro caso). Pero nosotros creemos, en base a la experiencia propia y del resto del movimiento revolucionario, que las Fuerzas Armadas se aprovecharon sobre todo de "la máquina de picar carne" humana, o sea la información levantada en la mesa de tormentos.
La tortura y el quiebre de algunos prisioneros fue decisivo en la derrota político-militar de las distintas organizaciones de los ´70. Hay que tener en cuenta que en nuestro país funcionaron 340 campos clandestinos de detención, según el registro de 1984 de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Allí los genocidas ejercitaron las más abominables formas de tortura física y mental sobre sus prisioneros, tomando la doctrina norteamericana de Vietnam y Guatemala y de los generales franceses en Vietnam y Argelia, agregándoles "aportes" macabros de su propia cosecha.
Frente a este tema, la posición del Partido fue, es y será siempre la clásica del comunismo: no entregar información al enemigo y aguantarse la tortura sin quebrarse ideológicamente.
En este sentido nuestro ejemplo es Roberto Cristina. Cuando era brutalmente torturado en "El Vesubio", él gritaba "Viva la clase obrera, viva la patria, viva la revolución", según coincidentes declaraciones de los sobrevivientes de ese centro de torturas y los testimonios en el juicio de 1985 a los ex comandantes de las Juntas Militares.
Posteriormente hemos profundizado en esos debates y creemos que hay algo básico y previo en la actitud del camarada Cristina: no entregarse sin resistencia. En condiciones de dictadura militar hubo muchos militantes que lograron romper a balazos los cercos represivos y salir libres. Y si no se podía romper ese cerco, el mejor ejemplo es el de Walsh, quien al ser detenido el 25 de marzo de 1977, sacó su arma y resistió a los tiros, muriendo en el enfrentamiento.
Incluso en los campos de reclusión hubo muchos ejemplos de resistencia a la tortura, que aún hoy debemos propagandizarlos y ponerlos como modelos, como el de las dos monjas francesas. Según varios testigos fueron muy torturadas en la ESMA pero se mantuvieron íntegras. También fueron muy destacables los intentos de fuga, algunos concretados con éxito en los campos de concentración Automotores Orletti, Mansión Serés, Campo de Mayo y la propia ESMA, de donde se fugó el montonero "Nariz" Maggio. Según el testimonio de Estrella Iglesias, en "El Vesubio" Roberto Cristina le pidió datos de observación desde su lugar de detención para poder planificar una fuga. Aunque no pudo materializarla demostró que en su ánimo estaba su realización.
En estos últimos años hemos publicado en sucesivas notas de "LIBERACION" y en el boletín interno El Organizador, diversas historias de resistencia en los campos de exterminio y, fundamentalmente, de las fugas de militantes populares. Creemos que ése es el comportamiento más adecuado: resistir, no dar información e intentar huir para volver a ocupar el puesto de lucha revolucionario.
Que ésa sea la línea política e ideológica justa no significa que todos los secuestrados y detenidos se atendrán a ella. La vida demostró que hubo héroes y mártires, hubo militantes que tuvieron altibajos y entregaron alguna información y también existió una minoría que delató. Por lo tanto la organización comunista no puede depender de si los detenidos hablan o no ante los genocidas; debe estimar que algunos hablarán y tomar medidas apropiadas. En estos casos es conveniente prepararse para lo peor, para no ser sorprendidos.
En consecuencia, para reducir al máximo posible ese número de militantes que en los momentos decisivos defecciona, el Partido tiene que elevar su unidad política interna. Un militante unido estrecha y voluntariamente con la línea y planes partidarios será menos propenso a claudicar. En cambio, en medio de la derrota y con escepticismo en las perspectivas de la revolución, pueden prosperar actitudes de flojera ideológica.
En lo organizativo y metodológico sacamos una conclusión más: en momentos represivos hay que tabicar más la información, combatir más el liberalismo y el horizontalismo, hacer más celular y compartimentada la vida partidaria, etc. Lo que el militante no sepa no podrá entregarlo nunca en la tortura. La educación política hará que no quiera dar información al enemigo; el funcionamiento leninista hará que no pueda entregarla por la sencilla razón de su desconocimiento.
Algunas lecciones prácticas sobre cómo actuar en esos años de terror fascista fueron:
-Mantenerse pegados a las masas populares, con los "mil vínculos" de que había hablado Lenin para un partido de vanguardia.
-Espaciar al máximo las reuniones de organismos y especialmente las reuniones de la dirección nacional y de las regionales. Llegado el caso, subdividir esas reuniones de órganos de dirección para evitar una redada decisiva, dejando por turno afuera de la reunión a algún dirigente. Realizar esos encuentros con guardia armada y planes de salida en grupos.
-Extremar la puntualidad en las citas. Compartimentar al máximo la información y no portar agendas ni libretas con direcciones ni teléfonos; no llevar en la cartera papeles que puedan delatar el domicilio, como recibos de luz, agua o gas. Ser muy cuidadosos con las informaciones que publicamos en nuestro propio periódico, para evitar que la inteligencia de las FF.AA. saque conclusiones. Hacer contrainteligencia y chequear la información de los aspirantes a ingresar al Partido para detectar e impedir posibles infiltraciones. Levantar los domicilios conocidos por alguien que ha caído preso o secuestrado por las FF.AA. en vez de confiar en que ese camarada no hablará.
-Utilizar seudónimos y documentos de identidad falsos; enviar los camaradas más conocidos por la represión a otras regionales; utilizar carteras y atachés de doble fondo para portar papeles comprometedores y periódicos; vivir en casas de planta baja y no en departamentos de donde no se pueda saltar y huir por los fondos; apoyarse en estudios de profesionales, bufetes de abogados y locales de pequeños comerciantes para el funcionamiento de células partidarias.
-Mantener la clandestinidad de nuestras viviendas: los propios camaradas tienen que entrar "tabicados" a las reuniones, que deben rotar de lugar. Incluso nuestros familiares tienen que aceptar esas reglas de juego de tabicamiento. No deben vivir con nosotros hijos de edad escolar que por su apellido pueden ser el inicio de una búsqueda policial en nuestra contra. Hay que viajar en medios de transporte público masivos como el colectivo, el tren y el subte, y no en autos particulares o motos. No circular en horarios con poca gente en las calles. Contar con un fondo de dinero partidario y si es posible personal para financiar los cambios de domicilio o regional.
Miradas a la distancia, a más de veinte años de ocurrida esa experiencia y en condiciones de democracia burguesa, nuestros camaradas deben pensar que eso fue muy difícil. Y de hecho lo fue. Pero no es imposible adecuarse para actuar en esas condiciones de ofensiva fascista: sobre la base de la experiencia partidaria y ante los primeros golpes del enemigo, que enseñan con sangre, estamos seguros que los comunistas argentinos podríamos superar esa prueba y actuar incluso mejor, devolviendo golpe por golpe a la dictadura e implantándonos mejor entre las masas trabajadoras.
Para superar la prueba del fascismo lo más importante es mantener la confianza en el pueblo, en la justicia de nuestra lucha y el desprecio estratégico del enemigo. En 1976 era muy difícil pero no imposible pensar que el dictador Jorge R. Videla iba a terminar preso y condenado a reclusión perpetua en el juicio a los ex comandantes. Había que tener confianza en que el pueblo vocearía en sus manifestaciones: "Paredón, paredón, a todos los milicos que vendieron la Nación".
También en 1985 era difícil pero no imposible pensar que los gobiernos burgueses de Raúl Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1999) iban a indultar a Videla-Massera-Viola.
V. La reconstrucción
Desaparecidos todos los integrantes del Secretariado Nacional, quedaron libres dos miembros titulares del Comité Permanente: Mario Geller y Sergio Ortiz. El primero tenía a cargo la regional Salta, en el noroeste, y el segundo a Córdoba, en el centro del país. Ellos fueron los principales protagonistas de la reconstrucción del Partido apoyados por otros cuadros y militantes sobrevivientes.
En setiembre de 1978, a pocas semanas del golpe represivo, ambos se trasladaron a Buenos Aires para iniciar una lenta y difícil reorganización. La complejidad de la misma estaba dada no sólo porque la campaña represiva no había concluido sino también porque la cantidad de bajas y la gravedad de la derrota habían desmoralizado a los compañeros, muchos de los cuales se habían dispersado.
Lo primero que hicieron aquellos dos camaradas fue una investigación minuciosa de lo ocurrido, sacando diversas conclusiones políticas y orgánicas. Sobre esta base informaron a todo el Partido. La primera circular al respecto, el 25/11/78, se hizo manuscrita porque no tenían ni siquiera una máquina de escribir a disposición en Buenos Aires. No había dinero porque el poco que teníamos se lo habían robado los militares en sus operativos. Ya dijimos que entre los blancos favoritos de éstos, además de secuestrar a los dirigentes nacionales de la organización, estaba robar el dinero y otros bienes.
Se hizo una primera reunión del Comité Central mediante la cooptación de miembros suplentes y de otros camaradas dispuestos a encarar la reconstrucción. De ese grupo inicial de dirigentes sólo defeccionó uno. Posteriormente, en 1982, los dos dirigentes que habían quedado como "reserva" en Europa, traicionaron al Partido y se pasaron a la Unión Cívica Radical.
El resto encaró la reconstrucción de la organización en medio de la lucha contra la dictadura militar. Al año de la gran derrota, el 9 de agosto de 1979, apareció el número 212 del periódico "No Transar", órgano por entonces del Partido, con su tapa diciendo "El Partido no se rinde". Era el primer número que publicábamos tras la campaña represiva de 1978 y marcó un hito en la reconstrucción del Partido, que en ese momento ponía su preservación como tarea principal pues aún no habían cesado las intenciones de liquidación del enemigo.
Entre 1979 y 1982 logramos reiniciar algunos trabajos de masas, con las Madres de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en Buenos Aires; mecánicos y derechos humanos de Córdoba; barrios y estatales de Quilmes; en la campaña en el exterior de denuncia a las atrocidades de la dictadura, etc. Aún con mucha debilidad orgánica, nuestra organización participó de la jornada de lucha contra la dictadura, el 30 de marzo de 1982, en la Capital Federal, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) del peronista Saúl Ubaldini.
Esa movilización fue duramente reprimida por la Policía Federal pero marcó un punto de inflexión en la situación política: la dictadura había comenzado su ocaso y el pueblo, o sectores de su activismo, se atrevían a ganar la calle. Para zafar de ese principio de crisis, las Fuerzas Armadas decidieron el desembarco en Malvinas, el 2 de abril de 1982, con el justo argumento de la soberanía nacional sobre las islas pero con el oculto propósito de perpetuar su dominación política en la Argentina continental.
El pueblo argentino estuvo de acuerdo mayoritariamente con la recuperación de las islas usurpadas por los británicos en 1833. El Partido tuvo una justa táctica: pasó de participar de la jornada del 30 de marzo contra la dictadura, a participar de las masivas demostraciones antibritánicas de 48 horas después, pese a que se generaban a partir de una decisión de la Junta Militar. Había cambiado transitoriamente la contradicción principal: de Pueblo versus Dictadura había pasado a la de Nación versus Imperialismo.
El relativo aflojamiento de la opresión policíaca en esos días de abril de 1982 nos permitió levantar por primera vez carteles (lienzos de 3 o 4 metros) con consignas y firma del Partido en las concentraciones de Plaza de Mayo. También distribuimos volantes mano a mano, cosa que no habíamos podido hacer antes.
La tibia postura anticolonialista de las Fuerzas Armadas duró muy poco y el 14 de junio de 1982 capitulaban ante la flota enviada por Margaret Thatcher al Atlántico Sur. Inmediatamente se reunieron miles de manifestantes en Plaza de Mayo para repudiar esa rendición, siendo reprimidos por la policía. Allí también estuvo nuestro Partido.
La descomposición de la dictadura se aceleró. La Junta Militar tomó la decisión de dar un paso al costado y negociar con la Multipartidaria una salida electoral. La base de la Multipartidaria era el acuerdo entre la UCR, el PJ y el Partido Intransigente (PI). La izquierda había sido excluida pero nuestro Partido hizo llegar por escrito sus propuestas sobre los temas nacionales e internacionales. Como era lógico, hacíamos hincapié en el reclamo de juicio y castigo a los militares genocidas y en la adopción de medidas económicas contra la oligarquía y el imperialismo, principalmente el yanqui.
En diciembre de 1982 la Multipartidaria convocó a una manifestación y la represión mató a un joven obrero. Nuestro Partido también estuvo en esa marcha, con un punto de vista crítico sobre la cúpula conciliadora de la Multipartidaria, que tenía acuerdos de hecho con el general Reynaldo Bignone, último dictador que traspasó el mando a Raúl Alfonsín el 10/12/83.
A fines de 1983 el Partido organizó a ex detenidos-desaparecidos y familiares de nuestros militantes secuestrados. Junto a sus abogados condujo a la prensa hasta las ruinas de "El Vesubio". Allí se comprobaron aspectos prácticos de las denuncias de los sobrevivientes de ese campo de exterminio, se encontraron mosaicos de sus pisos tal como ya habían sido descriptos ante la justicia, botones de uniformes militares y otros elementos probatorios.
De allí surgió un nuevo organismo de derechos humanos: la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, así como vigorosos testimonios contra los ex comandantes en jefe, enjuiciados y condenados en 1985. En ese juicio varios testigos hablaron de la combativa postura frente a los torturadores que había tenido Roberto Cristina, según crónica del juicio en la revista "El Periodista de Buenos Aires".
Todos esos logros y aspectos positivos de la labor partidaria tuvieron su contrapartida con la incrustación de algunos puntos de vista oportunistas en su línea política. Concretamente, entre 1982 y 1984 tuvimos una táctica con visos de seguidismo al justicialismo, que incluyó un voto crítico a sus candidatos en las elecciones de 1983. En parte el error se basó en el acompañamiento a las convocatorias de la CGT, cuyo contenido antidictatorial era real pero fue exagerado por nosotros.
En el fondo, nuestra derrota de 1978 nos había llevado a una autocrítica unilateral de aspectos "izquierdistas" y sectarios de nuestra política de los ´70. Esos problemas habían existido y estaba bien autocriticarlos, pero esto fue llevado -en esos "bandazos" contra los que advirtió correctamente Mao Tsé tung-, a un extremo opuesto: cierto seguidismo hacia la política de la burguesía nacional. Para colmo, esta burguesía de 1983, con Luder-Bittel, no tenía casi punto de comparación con el presidente tercermundista Héctor Cámpora de marzo de 1973.
¿Cómo fuimos corrigiendo esos serios errores?.
Con la experiencia viva del Partido: por ejemplo en la fábrica Mu-Mú de Capital (del gremio de la Alimentación) se logró encabezar una lista de izquierda que enfrentó a la burocracia sindical peronista apadrinada por el propio Ubaldini. El Partido también registró que los dirigentes peronistas quedaban a la derecha de Alfonsín respecto a los derechos humanos, mostrándose proclives a aceptar la ley de Autoamnistía dictada por la última Junta Militar. Las experiencias revolucionarias en El Salvador, Guatemala y Colombia también influyeron en nuestros análisis y reajustes.
Sobre esta base, en 1985 confluimos con varias otras organizaciones de izquierda en la fundación del Frente del Pueblo, que se presentó a elecciones legislativas y quiso ser, al menos desde nuestra óptica, el núcleo de un frente más permanente y con trabajo en las bases.
Dos años más tarde, en la movilización contra el golpismo de los militares "carapintadas" del teniente coronel Aldo Rico en la Semana Santa de 1987, el Partido se alejó de aquellos anteriores aliados del FP (básicamente el Partido Comunista y el Movimiento al Socialismo) para ir a denunciar a los golpistas en la puerta misma de Campo de Mayo, los cuarteles que habían ocupado.
La experiencia se repitió, pero mejorada, en diciembre de 1988 ante el regimiento de Villa Martelli, tomado por los golpistas del coronel Muhamed Alí Seineldín. En el enfrentamiento del pueblo con los militares murieron tres personas. Mientras nuestro Partido estaba en la primera fila del conflicto, el reformismo asistía a un festival musical en el Congreso, a varios kilómetros de distancia.
Al calor de esas luchas no sólo corregimos los errores de 1982-1984 sino que adquirimos nuevos conocimientos políticos y de lucha callejera, de agitación y propaganda, nuevas alianzas, etc. Allí fue que definimos a la situación política argentina como prerrevolucionaria.
VI. La represión burguesa
El gobierno de Alfonsín llegó al poder en 1983 con promesas de "paz, democracia y derechos humanos", del mismo modo que Menem asumió en 1989, con anuncios de "salariazo y revolución productiva".
El primero tuvo una breve primavera "democrática" con la creación de la CONADEP y el juicio a la ex Juntas Militares. Pero a poco de andar mostró su creciente inclinación represiva, con la detención y muerte de personas hambrientas que asaltaron supermercados en busca de comida en mayo de 1989.
En esa oportunidad el ministro Juan Carlos Pugliese acusó al Partido de la Liberación de ser el responsable de esa ola de saqueos. Varios camaradas de la ciudad de Rosario fueron detenidos y otros tuvieron órdenes de captura para ser puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Estos últimos pasaron a la semiclandestinidad, algo que el resto del Partido en el país debió hacer por primera vez en esos años.
El gobierno de Alfonsín quiso reconciliarse con las Fuerzas Armadas tras el intento de copamiento del regimiento 3 de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria, en enero de 1989. Allí murieron en combate 18 militantes del MTP, otros 10 fueron asesinados después de detenidos y 3 están desaparecidos. Más allá del grueso error del MTP de intentar ese copamiento en esa situación política, cabe denunciar la represión despiadada con que fueron castigados. Muchos de los sobrevivientes aún hoy están presos, tras 11 años de dura prisión, sin derecho a apelar sus condenas, mientras el genocida Videla sólo estuvo preso 5 años en una cárcel de lujo. Cabe recordar que nuestro partido fue el primero en reclamar la libertad de fray Antonio Puigjané y demás presos de la Tablada, mientras la Izquierda Unida, el PC y el MAS tuvieron una política de capitulación ante el Estado.
Desde entonces hasta hoy el PL pasó a ser un partido que actúa en la legalidad, la semilegalidad y la semiclandestinidad, según las ocasiones.
Actuamos en la legalidad porque imprimimos y vendemos nuestro periódico "LIBERACION" en las manifestaciones, repartimos nuestros volantes, hacemos pintadas y portamos nuestros carteles en las marchas. También porque tenemos locales partidarios, donde hacemos actos y conferencias, pasamos videos, etc. Vamos a los diarios y radios a llevar nuestros comunicados de prensa. Nuestros dirigentes dan reportajes, hablan en asambleas populares, etc. En las últimas elecciones hemos realizado campañas abiertas en favor del voto en blanco, con relativo éxito, ya que entre votos en blanco, nulos y abstenciones, el 24 de octubre de 1999 hubo casi un 25 por ciento del padrón electoral.
Pero también hubo y seguramente habrá momentos en que, ante la elevación de las luchas y el recrudecimiento de la represión de los gobiernos de la gran burguesía "democrática", debimos y deberemos pasar a formas semilegales y semiclandestinas de trabajo. Incluso se puede prever que habrá una etapa donde podemos vernos obligados a pasar a la clandestinidad, si la represión sigue elevando su curso y comienzan los asesinatos contra los militantes de izquierda y activistas del pueblo.
Es que el modelo de democracia "con seguridad y ajuste", que preconizaba ya en los ´80 la administración Ronald Reagan-George Bush, viene profundizándose en la Argentina. En 1995 la policía mató a Víctor Choque en medio de luchas en Ushuaia; en 1997 hizo lo propio con la humilde trabajadora Teresa Rodríguez en la pueblada de Cutral-Co y Plaza Huincul, y en diciembre de 1999 la Gendarmería asesinó a Francisco Escobar y Mauro Ojeda en la gran movilización de Corrientes.
El Partido de la Liberación sufrió el 20 de noviembre de 1992 la detención de 5 militantes, incluido el Secretario General Sergio Ortiz, durante un operativo de la Policía Federal enviada por el ministerio del Interior bajo falsos cargos de realizar atentados explosivos contra cajeros automáticos de varios bancos. El antecedente inmediato había sido la acusación policíaco-gubernamental de estar "infiltrando" las protestas de los jubilados todos los miércoles frente al Congreso, que reclaman 450 pesos de básico en sus haberes. Debido a que durante el período democrático el PL no utilizó los locales partidarios como centros de reuniones para todos los organismos, solamente cayeron detenidos 5 militantes. De otro modo la "cacería" pudo ser mucho peor. Esa experiencia nos ayudó a tomar más medidas preventivas durante la confrontación con los gobiernos constitucionales de la UCR y el peronismo.
Durante el allanamiento de 1992, la División Explosivos de la Policía Federal colocó en el local tres cajas con explosivos de alto poder destructivo, pretendiendo hacerlos aparecer como nuestros. El proceso fue llevado adelante por una jueza federal adicta al menemismo, María R. Servini de Cubría, quien quiso procesar a nuestros camaradas por asociación ilícita, tenencia de explosivos e intimidación pública y otros supuestos delitos, que implicaban penas de hasta 10 años de cárcel.
Sin embargo, la decidida resistencia del Partido, comenzando por la denuncia de nuestros camaradas injustamente detenidos, de la que se hizo eco el periodismo, y la amplia solidaridad política que fuimos capaces de convocar, así como el repudio democrático a estas maniobras del menemismo, hizo posible obtener las libertades y el desprocesamiento de todos los detenidos.
Fue una gran victoria política si tenemos en cuenta que el entonces presidente Menem nos había acusado de ser presumiblemente la célula "terrorista" que había atentado contra la embajada de Israel, en marzo de 1992, donde murieron 29 personas.
Al año siguiente, en 1993, otro juez reaccionario, Nerio Bonifati, a instancias de un fiscal del Estado, inició nuevas acciones penales para procesar a Sergio Ortiz por supuesta apología de la violencia. Obviamente que no eran meros procesos a dirigentes sino intentos del Estado para castigar y proscribir a nuestra organización, pero pudimos desbaratarlos como el año anterior.
En 1995 hubo acusaciones similares contra el PL, luego de su intervención en las movilizaciones de Ushuaia y Córdoba, donde habíamos tenido camaradas perseguidos y heridos por la represión. Los ajustes de los gobiernos de Menem y de las provincias, inspirados por el FMI y el Banco Mundial, conllevaban inevitablemente a la represión policial contra el pueblo y las organizaciones que, como la nuestra, se movilizaban en forma solidaria.
El 1 de mayo de 1997 los trabajadores salteños se movilizaron para repudiar el discurso del gobernador Juan Carlos Romero ante la Asamblea Legislativa. Ese gobierno acusó de "violentos" a tres dirigentes gremiales, entre ellos el camarada Pablo Kirschbaum, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa). La acusación provino de Nazar, el secretario de Seguridad de esa provincia, un ex gendarme con antecedentes represivos durante la dictadura.
En febrero de 1999 el ministro de Gobierno de Córdoba, Oscar Aguad, convocó a la prensa para denunciar que un grupo de "elementos violentos" pretendían "desestabilizar" el gobierno de Ramón Mestre. El funcionario presentó un video con filmaciones policiales de manifestaciones y otros papeles ante la justicia, acusando entre ellos a tres dirigentes de nuestro Partido.
De inmediato se formó una Multisectorial con representantes de derechos humanos, gremiales, estudiantiles y políticos, quienes convocaron a una movilización callejera de 600 personas y otras actividades en favor del no procesamiento de esos luchadores. Este objetivo fue conseguido y las fuerzas de izquierda lograron un importante triunfo democrático, con unidad y presencia en las calles.
Un aspecto central de este triunfo fue la política de ofensiva que desarrollamos, relegando el aspecto jurídico a un segundo lugar, pues siendo importante no puede ir en primer plano (como suelen aconsejar las organanizaciones reformistas).
Como en las oportunidades anteriores ya reseñadas, los dirigentes del PL aprovecharon el momento para hacer declaraciones públicas, dar reportajes en radios y TV, publicar comunicados en los diarios, etc, difundiendo las posiciones políticas. En esta actividad fue importante profundizar el vínculo con algunos periodistas de ideas progresistas, para facilitar la difusión de nuestras posiciones.
Durante el menemismo se instruyeron procesos contra obreros acusados de provocar destrozos en la sede del gobierno de Tierra del Fuego, durante las protestas de 1995. Seis de los trabajadores fueron condenados a prisión canjeable por "trabajos comunitarios". Otro dirigente de esas movilizaciones, Oscar Martínez (secretario adjunto de la UOM de Río Grande), fue llevado a juicio pero finalmente se logró su sobreseimiento.
A sectores nacionalistas antiimperialistas como Quebracho y Corriente Patria Libre se les abrieron causas penales por acusaciones del gobierno de arrojar piedras contra los policías en las movilizaciones. El juez federal Carlos Liporaci, que tenía esa causa, "pinchó" sin autorización legal los teléfonos de Eduardo Soarez, el abogado de los detenidos de Quebracho.
En general, la línea del gobierno fue la demonización de la protesta social y en consecuencia existen hoy unos 2.500 militantes populares que tienen causas abiertas en la justicia del régimen por participar en huelgas, cortes de calles, rutas y puentes, etc. En el momento actual la modalidad represiva del gobierno de la Alianza -que asumió en diciembre de 1999- pasa por mandar la Gendarmería y la policía a sofocar violentamente los focos de conflicto social. Para ello utilizan gases lacrimógenos, vomitivos y de gas pimienta; balas de goma y de plomo; palos, carros de asalto, hidrantes y toda una parafernalia represiva.
Así fue que a una semana de asumir, el nuevo presidente De la Rúa envió los gendarmes a reprimir a los trabajadores estatales de Corrientes, que habían cortado un puente interprovincial en protesta por los atrasos salariales de varios meses. Dos jóvenes fueron muertos a balazos. El jefe de los gendarmes, comandante Chiappe, había actuado durante la dictadura militar como represor en los campos de exterminio de La Perla (Córdoba) y Campo de Mayo (Buenos Aires). Asimismo, la flamante administración de la Alianza acordó con los gobernadores del Partido Justicialista la modificación represiva del Código de Procedimiento Penal en Buenos Aires y otras provincias. Así se ampliaron las facultades de la policía para requisar, interrogar y detener sospechosos al margen de órdenes de la justicia, lo que desembocará en mayor represión. Aliancistas y peronistas utilizaron el argumento de la "inseguridad" por el incremento de asaltos y delitos comunes, pero aquellas leyes indudablemente también apuntan contra la militancia política revolucionaria.
También en el Senado, la Alianza y el Partido Justicialista votaron la ley "del arrepentido", al mejor estilo yanqui, para rebajar las penas a los "infiltrados" y alcahuetes en casos de "terrorismo". Aunque el fundamento público fue investigar los atentados impunes contra la embajada de Israel (1992) y el edificio de la mutual judía de la AMIA (1994), la norma legal también pondrá a la izquierda como blanco.
Aunque las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior prohiben a las Fuerzas Armadas realizar inteligencia interna, en la práctica eso es violado permanentemente. En 1999 se supo que la inteligencia de la Fuerza Aérea había espiado a periodistas que habían publicado artículos contrarios al plan de radarización, una turbia licitación con denuncias judiciales que fue ganada finalmente por el consorcio yanqui Northrop.
Ese mismo año también se supo que la Comisión de Reunión de Inteligencia (CRI) del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en la ciudad de Córdoba había hecho espionaje contra el juzgado federal de esa ciudad. Los espías militares querían saber la marcha de dos causas que les interesaban: la del robo de bebés durante la dictadura y la del juicio por la verdad histórica referido a la actuación del genocida general Luciano Benjamín Menéndez, en especial por el fusilamiento de 30 presos políticos en la Unidad Penitenciaria local.
Ahora existe el proyecto de crear la Central Nacional de Inteligencia, para fusionar y optimizar esa tarea entre las tres Fuerzas Armadas en un sólo organismo.
Por su parte, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) trabaja activamente contra la izquierda y demás organizaciones populares. Muchos de los espías provienen de la dictadura militar. La Secretaría gastaba anualmente un presupuesto de 260 millones de dólares con "fondos reservados" del Poder Ejecutivo Nacional, de los que no se rinden cuentas.
El actual gobierno relanzó el Consejo de Seguridad Interior que coordina a la Policía Federal y sus colegas de 23 policías provinciales, más las fuerzas de Seguridad (Prefectura y Gendarmería) dependientes del ministerio del Interior. Estas fuerzas policíacas son las responsables de 625 muertes por "gatillo fácil" (ejecuciones extrajudiciales) entre 1983 y noviembre de 1999, según el IV Archivo de la Represión Policial realizado por un organismo de derechos humanos, la CORREPI.
Desde enero de 1999, el Estado mantiene en prisión al dirigente de jubilados Raúl Castells y desde enero de 1989 a una veintena de militantes del MTP. El primero fue detenido bajo cargos de "extorsión", por encabezar a centenares de personas hambrientas que el 23/12/98 fueron al hipermercado Wal-Mart a pedir comida. Manteniéndolo en reserva, para usar en caso de apertura de una situación revolucionaria, el presidente De la Rúa ha encomiado al represor Ejército argentino "como uno de los mejores del mundo". Nueve oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos cuatro tenientes coroneles del Ejército, van a ser ascendidos por el Senado, en una práctica habitual de los últimos años. Cinco ya fueron ascendidos y cuatro aguardan el premio de la Cámara Alta.
De la Rúa también aseguró al Ejército la continuidad de su participación en los operativos internacionales de la OTAN y la ONU, diseñados por el imperialismo yanqui y europeo para agredir a otros pueblos, como los de Irak y Yugoslavia. El poder de los monopolios nacionales y extranjeros sobre nuestros asuntos económico-sociales se mantiene incólume, y los planes políticos gubernamentales son cada día más claudicantes ante el imperialismo. Por eso es lógico deducir que esas políticas conducirán a una mayor violencia policíaca y del Estado contra las masas. Una circunstancia agravante de esa tendencia es que el pueblo no se deja explotar pasivamente. Sus puebladas, reiniciadas en Santiago del Estero en 1993, hacen que el Estado redoble la represión tratando de quebrarlas. Esa crisis nacional debe ser enfocada en el marco de la crisis internacional. No es casual que los gobiernos burgueses "democráticos" se hayan tornado más represivos desde fines de 1994 (efecto tequila) y 1997 (comienzo de la crisis asiática, de Rusia y Brasil). No se trata de un fenómeno argentino sino generalizado. Los gobiernos gran burgueses no tienen casi margen para hacer concesiones materiales a las masas populares; sólo tienen para ofrecerles desempleo y balas. Esto ocurre tanto en nuestro país como en Indonesia, España, México, Rusia, Corea del Sur, Israel, Brasil, Sudáfrica, Perú, Ecuador, Filipinas, El Salvador, Chile, etc. Por eso nuestro Partido, a la vez que saca conclusiones de su lucha pasada contra el fascismo y contra la actual represión de la democracia burguesa, reitera su postura favorable a la formación de un bloque internacional o conferencia de partidos marxista-leninistas que luche por un Frente Antiimperialista y Democrático.
Estamos convencidos de que debemos unirnos en esos ámbitos y en tareas concretas contra el poder del capital financiero internacional, sus aliados oligárquicos nativos y la creciente represión policíaco-militar (incluso las guerras contrarrevolucionarias e intervenciones militares) en los diferentes países.
Después de haber pasado por numerosas pruebas ante una y otra forma de represión, y de haber sintetizado las lecciones en los sucesivos congresos partidarios (IV Congreso en 1987, V Congreso en 1990, VI Congreso en 1992, VII Congreso en 1995 y VIII Congreso en 1998), el Partido de la Liberación (PL) de Argentina se siente en condiciones políticas e ideológicas de enfrentar la represión que se dibuja en el horizonte político de nuestro país.
El PL no busca esa represión pero tampoco la teme ni se rendirá ante ella. Siente que es su obligación seguir sacando lecciones de la experiencia propia y de otras organizaciones de nuestro país, así como aprender humildemente de otros partidos que en el mundo han sido y son perseguidos por los gobiernos reaccionarios en Colombia, Perú, México, Turquía, India, España, etc.
Aprender nuestras lecciones no sólo nos costaron la sangre de muchos camaradas y la prisión de muchos más, sino que para mantener la línea marxista-leninista en el Partido hubo que librar agudas luchas políticas.
En 1990 sufrimos una desviación aventurerista de "izquierda", putchista, y en 1992 y 1994 dos desviaciones oportunistas de derecha, que quisieron apartarnos de la tormenta de la lucha de clases. Esos grupos degeneraron en fracciones antiPartido que fueron depuradas por el Comité Central y los sucesivos congresos. Sin esa lucha de líneas no habríamos podido mantener en alto la bandera revolucionaria proletaria del Partido; aprendimos en la práctica que la unidad monolítica del Partido es una cuestión clave en medio de campañas represivas y cuando llegan momentos decisivos en la situación política del país.
Nuestro balance histórico apunta al objetivo de elevar nuestra unidad política para el combate anti-represivo y por el poder político. Queremos la revancha ante el golpe de 1976 y la campaña represiva de 1978 en nuestra contra. Más importante aún, queremos seguir en forma ininterrumpida la lucha en Argentina por un gobierno revolucionario popular, antiimperialista y democrático dirigido por la clase obrera en camino al socialismo.
Tal fue el sueño de nuestros mártires. El mismo no se logrará con victorias parciales o con la mera "depuración" de las genocidas Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, sino con una revolución social a fondo contra éstas y los monopolios, con todo lo que eso implica.
Comité Central del Partido de la Liberación (PL) de Argentina, 14 de marzo de 2000