Para el Seminario Internacional de Bruselas de 1998
de Partidos Marxista-Leninistas
Partido de la Liberación (PL) de Argentina
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Sumario:
1) Introducción y caracterización general
EL CASO ARGENTINO LO MUESTRA CLARAMENTE:
La "flexibilización laboral" es precarización y esclavitud laboral
1.- OFENSIVA ANTIOBRERA
Los teóricos del imperialismo y sus epígonos en los países dependientes suelen repetir como una letanía que la legislación laboral es "rígida" (léase demasiado benévola con los trabajadores) y que, como consecuencia de eso, crece la desocupación. La falacia sostiene que, si se quiere ampliar el número de puestos de trabajo, se debe dar paso a la "flexibilización".
Sin embargo hay muchos ejemplos en el mundo que comprueban exactamente lo contrario. España es uno de ellos. Con mucha flexibilización se convirtió en el récord europeo de desempleo, rayano en el 23 por ciento de la población económica activa (PEA).
Argentina es otro caso demostrativo de la destrucción de las fuerzas productivas (la principal de éstas es el hombre). En cuatro años, entre 1990 y 1994, el desempleo aumentó un 300 por ciento, ya que arrancó en el 6 por ciento de la PEA y culminó en el 18 por ciento, según las estadísticas oficiales del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
Según el censo realizado por aquél en mayo de 1997 hay una tasa de desempleo abierto del 16,1% (2.002.000 personas) y de subempleo del 13,2% (1.696.916 personas). En total el drama afecta a 3,7 millones de argentinos (diario "Ambito Financiero", 21 de julio de 1997).
Quiere decir que es falso que la flexibilización sirva para paliar el desempleo. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo dijo en su último Informe sobre el Empleo en el Mundo, aunque usó términos mucho más prudentes: no está probado que la "flexibilización" sea el remedio para la desocupación.
Durante los dos mandatos del presidente Carlos Menem, el gran responsable de aquel fenómeno negativo, las empresas se beneficiaron con una serie de leyes y decretos antiobreros.
He aquí una lista parcial de esos instrumentos legales:
1.- Decretos 1477 y 1478, del año '89, disminuyeron las cargas sociales empresarias al autorizar el pago de hasta un 20% del salario en tickets-canasta que no pagan cargas sociales.
sea que fomentó el "pago en negro" de parte del salario. Luego otros decretos rebajaron los aportes patronales, dejando en los bolsillos de los capitalistas 3.200 millones de pesos anuales.
2.- Decretos 435 y 612, del año '90, fijaron topes máximos a los salarios de todos los empleados públicos, existieran o no convenios colectivos previos.
3.- Decreto 1894, del año '90, fijó el salario mínimo, vital y móvil en $200, que quedó congelado desde entonces.
4.- Decreto 2184, del año '90, limitó el derecho de huelga al permitir que el ministerio de Trabajo fije cuáles son los "servicios esenciales" que no se pueden abandonar.
5.- Ley nacional de Empleo n°24.013, del año '91, generalizó los contratos flexibles y temporales, sin estabilidad ni indemnización en caso de despido.
6.- Decreto 1803, del año '92, cercenó a los empleados de las compañías estatales privatizadas sus derechos adquiridos en materia de cargos, funciones, etc.
7.- Decreto 470, del año '93, permitió aumentar o suprimir pagos por aumentos de productividad, violando el principio de "ajenidad del trabajador respecto al riesgo empresario".
8.- Ley n°24.467 para Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), del año '94, benefició
a esas empresas con un estatuto especial de "flexibilización": pago del aguinaldo en cuotas, reducción de indemnizaciones, jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, vacaciones en cualquier época del año, etc.
9. - Ley de Accidentes de Trabajo n°24.028, del año '94, redujo un 35% el índice del cálculo indemnizatorio. La muerte de un obrero pasó a costar como máximo $55.000, lo mismo que un moderno auto importado.
10. - Ley de Riesgos de Trabajo n°24.557, del año '95, transfirió la responsabilidad del empleador a las Administradoras de Riesgos de Trabajo en caso de accidentes.
11. - Ley de Concursos y Quiebras n°24.552, del año '95, suspendió o extinguió los convenios colectivos en estos procedimientos, dificultando a la parte obrera cobrar sus deudas. Los empresarios aprovecharon esta ley para fraguar quiebras, vaciar empresas y burlar los derechos adquiridos del personal, con ayuda de los grandes bufetes de abogados que pusieron la "ingeniería jurídica" al servicio de los capitalistas.
12. - Decretos 770 y 771, del año '96, eliminaron las asignaciones familiares (pago por esposa, hijo, escolaridad, etc.) a los sueldos superiores a los $500. Luego de la protesta gremial se los reemplazó por una ley que mantuvo esas quitas en los salarios superiores a $1.500.
13. - Decreto 1.553, del año '96, dispuso eliminar la llamada "ultraactividad" de los convenios laborales (a su vencimiento se prorrogaban automáticamente hasta que se firmara otro nuevo).
14. - Decreto 1.554, del mismo año que el anterior, autorizó al ministerio de Trabajo a descentralizar la negociación colectiva fijando el ámbito de la misma, buscando eludir al sindicato nacional.
15. - Decreto 1.555, ídem, autorizó a las empresas de hasta 40 personas (Pymes) a negociar salarios y condiciones laborales con sus comisiones internas y hasta delegados de planta, excluyendo al sindicato.
16. - Decreto 1.560, ídem, permitió el cambio del afiliado de una obra social sindical a otra. Esta desregulación de la salud apunta a fortalecer unas pocas obras sociales en desmedro del resto, y asociar a las primeras con las compañías de medicina prepaga privadas que hasta ahora tienen vedado intervenir en forma directa en este negocio. La modificación está siendo impulsada por el Banco Mundial, que otorgó un crédito al gobierno argentino para financiar esta reestructuración de sentido claramente privatista.
2.- PRECARIZAN EL EMPLEO
Los tres últimos decretos flexibilizadores de Menem fueron rechazados por algunos jueces y cámaras laborales de Argentina, por lo que ñcomo es su costumbre- el Poder Ejecutivo apeló ante su condescendiente Corte Suprema de Justicia. Ante la demora, el gobierno firmó con los jerarcas de la CGT (Confederación General del Trabajo) un proyecto de reforma laboral que envió al Congreso. Actualmente está a consideración del Senado, habiendo chocado con el repudio de muchos gremios y sectores de trabajadores. Estos enfrentaron la "flexibilización" con tres huelgas generales (agosto de 1996, diciembre de 1996 y agosto de 1997).
En particular la Ley Nacional de Empleo n°24.013 fomentó la precarización laboral con los llamados "contratos basura" por tiempo determinado, sin derecho a cobertura social para el empleado y su familia, y sin derechos indemnizatorios de ningún tipo. Hay 17 planes de empleo de tiempo parcial desgranados de aquel instrumento legal: Trabajo Joven, PIT (Programa Intensivo de Trabajo), Programa Trabajar, etc.
El nombrado en último término está manejado por el gobierno nacional, consta de contratos con una duración de entre 3 y 6 meses, y con un salario de $220 sin obra social ni aportes jubilatorios. Estos puestos ultra precarios son manejados por la administración menemista con un criterio "clientelístico-electoral". Adjudica las vacantes por medio de sus operadores barriales en época de elecciones a cambio del voto de la gente necesitada, o bien ñcomo se vio en el primer semestre de 1997- ante decenas de cortes de ruta realizados por los hambrientos y desocupados, tratando de que éstos cesen en sus medidas.
El gobierno nacional invierte una suma miserable en pagar subsidios a la desocupación, pese a que este fenómeno se triplicó. En total gasta 200 millones de dólares al año en esos subsidios adjudicados sólo al 10 por ciento de los afectados por las cesantías. Para comparar hay que citar lo que Argentina pagó en 1997 de deuda externa al imperialismo, especialmente al yanqui: 5.233 millones de dólares en intereses y otros 9.587 millones en amortizaciones del capital.
En marzo del presente año el diario "Clarín" publicó un cuadro estadístico sobre los trabajadores en relación de dependencia:
La conclusión es muy clara: sumando los trabajadores "en negro" (2,5 millones de personas) y los que revistan en las tres categorías de abierta flexibilización (600.000), se llega a que el 40 por ciento de la fuerza laboral asalariada está actualmente bajo condiciones de precarización laboral. Y este resultado no es casual. Es la consecuencia directa de la suma de decretos y leyes menemistas que señalamos más arriba, a la que debe sumarse la ley marco, llamada ley de Reforma del Estado de 1989, que plasmó el modelo neoliberal y privatizador encarnado en el gobierno de Menem y los monopolios.
El ministerio de Trabajo publicó en marzo de 1997 su "Encuesta de Indicadores Laborales" con un dato sobresaliente: el 80 por ciento de los puestos de trabajo creados a lo largo de 1996 había sido de "duración determinada o en período de prueba". Allí se comprobó que entre enero del año 1996 y el mismo mes de 1997, "el número de asalariados con contratos de duración indeterminada disminuyó el 5,9 por ciento, en tanto que el de los contratados bajo modalidades flexibles o a prueba aumentó 3,2 veces".
El estudio reveló que todos los meses aumentaba el número de trabajadores a prueba, con contratos por 3 o 6 meses, mientras bajaba el número de trabajadores por tiempo indeterminado. La conclusión era obvia: el trabajador a prueba no ingresaba luego a planta permanente sino que era sustituido por otro compañero, también a prueba. Hasta ese ministerio tuvo que admitir que "los empleadores se están abusando de estas formas de contratación laboral".
En setiembre del presente año el INDEC informó que en Capital Federal y el conurbano bonaerense sólo el 28,4 por ciento de la población laboral tenía trabajo fijo registrado en su empresa con cobertura social. Según la fundación FIDE, tres años antes esa proporción alcanzaba al 42,3 por ciento.
En noviembre el ministerio de Trabajo actualizó las estadísticas a nivel nacional: los contratos estables involucran al 77,8 por ciento de los asalariados, los temporales al 7,1 por ciento, a prueba al 14,3 por ciento y por agencias al 0,8 por ciento. La categoría faltante fue la del trabajo "en negro" o informal, que vino en aumento. Se sabe que los trabajadores que están en esa condición perciben un salario 40 por ciento inferior al que está "blanqueado".
Uno de los sectores donde hace más estragos el trabajo informal es el campo. Aquí trabaja un millón de personas pero durante 1996 sólo 11 trabajadores (sí, 11) accedieron al beneficio de la jubilación.
El ministerio de Trabajo detectó que en los primeros ocho meses de 1997 habían crecido los convenios laborales que incluían variadas cláusulas de "flexibilización laboral". Sobre 121 convenios firmados, 96 fueron acuerdos por empresa (y no por rama o actividad como pedían los gremios). En la mayoría de los casos se aceptaron condiciones de polivalencia y multifuncionalidad laboral, cambios en la adjudicación de las vacaciones, cambios en los horarios de trabajo para calcularlos por semana y no por día, salarios sobre la base de premios sujetos a aumentos de productividad, contratos temporales, etc.
Para tener una idea más concreta digamos que el 58,8 por ciento de los nuevos convenios contempla el cambio en los horarios de trabajo y el 44,5 por ciento la polivalencia.
3.- LOS IMPULSORES
Desde hace varios años las entidades financieras internacionales vienen presionando para que Argentina haga completamente suya la bandera de la "flexibilización laboral". En esto se destacaron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cada visita de Michel Camdessus, director gerente del FMI, y de las misiones "técnicas" que cada mes aterrizan en Buenos Aires encabezadas por Thomas Raichman, sirven para espolear en esa dirección.
Por ejemplo, en marzo de 1997 se realizó en Barcelona la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo y allí concurrió el ministro de Economía, Roque Fernández. El director del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser, lo apremió con que "un elemento que tiene que seguir analizándose es qué pasa con la legislación laboral en Argentina porque es un elemento importante para mejorar su productividad".
Otro ejemplo reciente se vio en noviembre de 1997, cuando el gobierno argentino redactó una "carta de intención" para negociar un "crédito de facilidades extendidas" con el Fondo Monetario. La misma incluyó entre los compromisos gubernamentales que para junio del año próximo tendrá aprobada la ley de "flexibilización laboral", actualmente en el Senado.
En setiembre de 1996 se realizó en Mar del Plata la Tercera Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina, entidad que agrupa a la gran burguesía nativa. Allí concurrió el presidente Menem y prometió una completa "flexibilización", algo que plasmaría tres meses más tarde en sus tres decretos. Menem venía de un viaje a Malasia y había importado desde Kuala Lumpur la receta de precarización laboral. Otros empresarios como Enrique Pescarmona también bebieron en esas fuentes para superexplotar en forma esclavista a sus obreros en IMPSA (ver capítulo 2 de este informe).
De todos modos, un año después, al momento de hacerse la Cuarta Conferencia de la Industria, aún la modificación no había podido transformarse en ley debido a la firme resistencia de los asalariados en forma de paros y movilizaciones. Menem ha tenido en su contra 7 paros generales desde que asumió en 1989 y una innumerable cantidad de luchas provinciales, puebladas, cortes de rutas y manifestaciones. No se trata sólo de una oposición de la clase obrera sino que muchos otros sectores populares han visto que la reforma sólo trae quita de conquistas adquiridas, mayor explotación, caída del salario real y aumento del desempleo.
A falta de una completa legislación sobre la materia, lo cierto es que la gran burguesía local, las compañías multinacionales y la banca acreedora han ido implementando en la práctica la "flexibilización de hecho". Lo que no lograron de derecho lo impusieron en el interior de sus empresas como lo reconoció Daniel Funes de Rioja, el especialista de la Unión Industrial.
Uno de los convenios llamados "caso testigo" fue el de la automotriz italiana Fiat con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) para su radicación en la planta de Ferreyra, en Córdoba. Luego hubo otros del mismo gremio con Chrysler y General Motors. Empresas sidero-metalúrgicas como Acindar, Aluar, IMPSA, Siderca, etc; alimenticias como Arcor y Terrabusi; supermercados como Carrefour, Americanos y Disco; etc, lograron imponer sus pretensiones flexibilizadoras, que significaron recortes de puestos de trabajo, rebajas salariales y condiciones más duras de trabajo.
El personal de las empresas públicas que fueron privatizadas perdió las conquistas de sus convenios, comenzando por la estabilidad laboral. Eso sucedió con los empleados de Telecom, Telefónica, YPF, Aerolíneas, Metrovías, etc. En el caso de Aguas Argentinas, dominada por la francesa Lyonnaise des Eaux, impuso su convenio "flexibilizado" en 1993 a sus empleados de Buenos Aires, en 1996 a los de Santa Fe y en 1997 a los de Córdoba.
Los agentes que permanecieron en la órbita estatal también están amenazados por la "flexibilización", además de tener los salarios congelados desde abril de 1991. En diciembre de 1996 el gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para cambiar drásticamente las condiciones de quienes trabajan en la administración nacional y los organismos descentralizados como el PAMI (obra social de jubilados) y la Anssal (caja compensadora de las obras sociales sindicales), afectando a un total de 200.000 personas.
Los empleados de casi todas las provincias sufrieron la aplicación de "leyes de emergencia", que implicaron pagos de sus haberes en bonos (no en moneda de curso legal), recortes salariales y miles de despidos, comenzando por los contratados.
Tanto los decretos y leyes como la "flexibilización" imperante de hecho en muchas fábricas y empresas, han significado tasas de rentabilidad extraordinarias para sus dueños. Se sabe que 20 grandes empresas favorecidas por el gobierno con las privatizaciones, y en el contexto de desprotección laboral que comentamos, ganaron en conjunto 3.500 millones de dólares durante 1995, el año del "efecto tequila", cuando a otros sectores sociales les fue mal o regular en sus negocios. A los trabajadores les fue directamente muy mal.
Gregorio Pérez Companc, del grupo petrolero homónimo y con una fortuna personal de 5.200 millones de dólares, Roberto Rocca, del grupo siderometalúrgico Techint, y Amalia Lacroze de Fortabat, del grupo cementero Loma Negra, vieron crecer sus ganancias al punto de inscribir sus nombres en el listado de superricos del mundo elaborado por la revista norteamericana "Forbes".
4.- PONER DE PIE AL CLASISMO
Los trabajadores han sido los grandes sacrificados por este programa económico neoliberal y en este folleto lo ilustraremos con ejemplos vivos provenientes de varios gremios.
Ya señalamos que hay 3,7 millones de desocupados y subocupados según las estadísticas oficiales, que por lo general retacean la gravedad del problema.
Mientras la inflación desde abril de 1991 creció un 60 por ciento, los salarios permanecieron congelados por ley de convertibilidad desde entonces, acumulando un gran retraso frente al aumento de precios de los productos y servicios. Según el INDEC, el costo de la canasta familiar para que una familia tipo pueda cubrir sus necesidades básicas, es de $1.605 por mes, pero el 42 por ciento de los asalariados (1,6 millones de personas) gana menos de $500 y otro 29,8 por ciento (1,1 millón) percibe entre $500 y $1.000.
Mientras en 1974 los asalariados tenían casi el 50 por ciento del ingreso nacional, en 1989 habían descendido al 34 por ciento. Y en la actualidad, apenas el 20,5 por ciento.
Una parte apreciable de los empleados se encuentra en condiciones de precariedad laboral. Y éstos, así como los que gozan formalmente de estabilidad, han ido aceptando rebajas salariales y empeoramiento de las condiciones de empleo ante la presión que ejerce el llamado "ejército industrial de reserva". Ante el temor al despido, el personal que permanece ocupado acepta peores pautas impuestas por las rapaces y revanchistas patronales. Así se explica que en los mismos años que creció el desempleo y bajó el salario, la productividad aumentó el 141 por ciento y en algunas ramas de la industria lo hizo más aún.
Un párrafo aparte merecen los jerarcas sindicales de la CGT y los principales gremios, que han traicionado a sus afiliados y en algunos casos se han convertido directamente en empresarios. Sin su concurso hubiera sido extremadamente difícil que progresara el ataque del gobierno y las patronales.
Los casos más notables son los del gremio de la construcción (UOCRA) y de la sanidad (ATSA), cuyos secretarios generales Gerardo Martínez y Carlos West Ocampo, respectivamente, son ejecutivos de la Administradora de Fondos de Pensiones y Jubilaciones privadas (AFJP) "Claridad", donde tiene mayoría de acciones la aseguradora yanqui ITT-Hartford. Otros casos son los secretarios general del sindicato Capital de Luz y Fuerza y de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Oscar Lescano y Carlos Alderete, respectivamente, quienes se convirtieron en patrones de las centrales termo-eléctricas privatizadas en Salta, el Litoral y la Patagonia.
Los burócratas sindicales tienen su precio. Una de las cláusulas del convenio Fiat-SMATA prevé la entrega de 30.000 dólares mensuales al consejo directivo del gremio para "fines recreativos y culturales". Además de ese dinero "legal" hay muchas otras operaciones "por debajo de la mesa" entre los jerarcas y las patronales.
Esto está cada vez más a la vista para millones de trabajadores que ven cómo ellos se empobrecen mientras sus dirigentes llevan una vida de opulencia y lujo. Está en crisis la relación de aquellas bases con esta cúpula sindical mayoritariamente peronista, cómplice del gobierno de Menem y vendida al enemigo de clase. Esto crea mejores condiciones políticas de conciencia para que los luchadores construyan una Corriente Sindical Combativa que derrote y expulse a la burocracia sindical, recogiendo el legado del sindicalismo clasista de la década del '70. De hecho hay numerosos delegados, comisiones internas, comisiones directivas que en todo el país han dado pruebas de su combatividad y su posición antiburocrática. Hay que unirlos y darles una estructura provincial y nacional.
En esta tarea están el Partido de la Liberación (PL) y los organizadores de la Tendencia Clasista "29 de Mayo", como parte de la lucha de toda la clase obrera, los desocupados, los jubilados, la juventud, la intelectualidad, los chacareros, las capas medias, etc, para confrontar con el gobierno de los monopolios y abrir una situación revolucionaria en el país.
A diferencia de los sectores reformistas y derrotistas que creen que todo está perdido y utilizan ese argumento para justificar sus propias claudicaciones, el PL y la TC 29 de Mayo valoran las puebladas y cortes de ruta producidos en 1997 como síntomas iniciales de que "los de abajo no quieren seguir viviendo como hasta ahora" y que "los de arriba ya no pueden seguir gobernando como antes". Trabajamos para que haya una movilización revolucionaria de las masas, como una irrupción independiente que genere una nueva situación política.
Es que la lucha por las reivindicaciones inmediatas de la clase obrera, como resistir la "flexibilización laboral" y el desempleo, no puede ir separada de la acción política revolucionaria de clase para la toma del poder, la imposición de un gobierno popular revolucionario y la expropiación de los monopolios expropiadores.
2) EL CASO PESCARMONA-IMPSA
Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA) es la principal empresa del ramo en la provincia de Mendoza y una de las más importantes a nivel nacional. Controla además a la aseguradora Mercantil Andina, Bodegas Lagarde, ingeniería satelital (IMPSAT) y dos ramales ferroviarios que conectan con Chile y los tres países del Mercosur. Se trata del BAP, Buenos Aires al Pacífico (ex San Martín) y el Ferrocarril Mesopotámico (ex Urquiza), ambos privatizados durante el gobierno de Carlos Menem.
En total factura por 750 millones de dólares al año y expresa a la gran burguesía local, habiendo comenzado en los años '20 como un pequeño taller. Hoy es una empresa de punta que opera en 17 países del mundo, entre ellos Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Malasia, Indonesia y China. Fabrica centrales eléctricas llave en mano, así como turbinas, equipos y componentes para todo tipo de centrales. También gigantescas grúas para operar en diversos puertos del mundo y grúas-puente para otros servicios.
La mentalidad esclavista de su titular, Enrique Pescarmona, quedó de manifiesto con unas declaraciones suyas al diario "Página/12" de febrero de 1997: "Las chicas filipinas que trabajan en nuestras oficinas de Hong Kong están siempre dispuestas, no hay sábados ni domingos, si hay licitaciones y se tienen que quedar varios días de corrido sin dormir lo hacen, y no cobran horas extras ni piden nunca nada. Yo no hago filosofía sino negocios. No me pregunto lo que está bien y lo que está mal sino cómo se hace para ser más competitivo. Los asiáticos trabajan todos los días, veinte horas por día, por ochenta dólares por mes, y además están preparados, son educados y son buena mano de obra. Si quiero competir tengo que recurrir a ellos. Es el mundo globalizado. Los riesgos del mundo globalizado. Tengo hijos jóvenes y siempre les digo que este mundo globalizado es muy difícil porque es muy competitivo, pero el que les toque a ustedes va a ser más difícil todavía. Por eso los preparo para ese mundo".
Coherente con el remanido verso de la "globalización", este señor se lanzó a achicar costos a partir del salario y otros beneficios de los trabajadores.
Así fue como en diciembre de 1994 comenzó a aplicar nuevas modalidades de productividad donde desapareció la hora extra tal como contempla el convenio (bonificable y remunerativa) y la mayor carga de producción.
Para esa fecha también se venían "tercerizando" varios sectores, que IMPSA derivó a empresas de servicios con el mismo personal que antes revistaba como plantel permanente. Se lo desvinculaba de la empresa y se formaban cooperativas y sociedades de responsabilidad limitada (SRL) dentro del mismo establecimiento, pero con un personal que había canjeado su indemnización por despido a cambio de maquinaria y herramientas.
De esa forma Pescarmona se ahorraba las indemnizaciones por despido y lograba mano de obra calificada y barata. Esta quedaba sin relación de dependencia, con lo que aquél dejaba de pagar aportes patronales para obras sociales, jubilaciones, etc.
Los obreros que quedaron en relación de dependencia fueron cada vez menos. Y vieron limitadas sus posibilidades porque tenían que competir en desventaja con estos grupos de ex compañeros que hacían los mismos trabajos pero por menos dinero. En consecuencia la planta entró en un estado de inestabilidad total, por la presión patronal a favor de esas modalidades de "tercerización" y "flexibilización".
El salario de los obreros de IMPSA, en su mayoría personal especializado, es de $700 mensuales como promedio.
Las leyes laborales supuestamente condenan casos de fraude laboral o competencia desleal como éstos, pero Pescarmona siempre se cubre. Por ejemplo, el director de la Subsecretaría de Trabajo del gobierno de Mendoza, Dr. Domínguez Pinto, es el hijo del asesor jurídico de la empresa. øCómo podrían entonces prosperar los reclamos de los obreros?.
A la hora de pelear contra IMPSA hay que considerar la lucha gremial no sólo de parte de los obreros sino del resto de delegados y dirigentes metalúrgicos dispuestos a enfrentar a esa patronal.
En general los empresarios han aplicado la máxima del "divide y reinarás". Las conquistas laborales metalúrgicas se comenzaron a venir a pique en 1992, cuando la dirección de la Unión Obrera Metalúrgica acordó negociar un convenio paritario por rama y firmó uno con Sevel SA y la rama automotriz. Eso discriminó a las restantes 22 ramas que componen la industria metalúrgica comprendida en la ley n°260/75 de Convenio Colectivo de Trabajo. Este entró en vigencia en junio de 1975 y en ese momento benefició a 400.000 trabajadores que se enorgullecían de tener un convenio modelo para esa época.
Las patronales, unidas en cinco cámaras de la industria metalúrgica, pasaron a la contraofensiva junto al gobierno de Menem. Lograron un primer éxito con el convenio de Sevel y luego redoblaron su presión, una vez que en 1993 se sancionó la Ley Nacional de Empleo que, como denunciamos en la Introducción, creó nuevas modalidades de contratos "flexibles" y por tiempo determinado. Pescarmona, obviamente, fue uno de los empresarios que más impulsó esas modificaciones y más apoyó la política menemista. El gobierno no sólo le entregó dos ramales ferroviarios estratégicos por su conexión con el Mercosur sino que lo premió con la presidencia de la Fundación mixta (estatal-privada) Export-Ar, que promueve el comercio exterior con fondos del Estado y fomenta los negocios privados como los de IMPSA.
El grupo mendocino, como tantos otros holdings, creció a la sombra de la dictadura militar (incluso desaparecieron trabajadores de su planta), luego se acomodó con el gobierno de Raúl Alfonsín, que le entregó la línea aérea Austral en cómodas cuotas de pago, y finalmente llegó su idilio con la administración Menem.
Por eso mismo, y desde el ángulo de clase proletaria, todos esos monopolistas serán expropiados sin indemnización por una revolución antiimperialista, antimonopolista, democrática, popular y agraria camino al socialismo
3) EL CONVENIO FIAT-SMATA
En el caso de las terminales automotrices en Argentina, un análisis minucioso del nuevo convenio Fiat-Smata, nos da elementos de prueba para ilustrar la gravedad de la crisis generada por esa "flexibilización laboral". De hecho, dichos elementos nos permiten hablar más bien de esclavización laboral, sobre todo cuando sabemos que el convenio Fiat-Smata, según los especialistas, en general no es más flexible ni el que plantea las remuneraciones salariales más bajas de la industria automotriz. El ránking, según algunos datos de revistas especializadas, estaría encabezado por Toyota y General Motors, seguidos por Fiat y Chrysler. Atrás marcharían Sevel, Ciadea (actual Renault), Ford, Volskwagen, Scania e Iveco.
Entonces, øqué nos dice el nuevo convenio Fiat-Smata?
En primer lugar, incorpora un turno "extra" los días sábados, de 6 a 13 horas. Con eso se alcanza un promedio de 44 horas semanales pagas en un ciclo de tres semanas.
En cuanto a los turnos de trabajo, los operarios pueden ser trasladados a cualquiera de los tres turnos. La empresa sólo tiene que avisar 48 horas antes, lo que impide al operario planificar su vida y la de su familia.
Las horas extras no se computan automáticamente cada día, como en el resto de las terminales. La jornada diaria de cada equipo de trabajo puede prolongarse hasta tres horas (11 horas de trabajo en un turno), compensables con francos en la misma semana. Y para cobrar esas horas extras hay que trabajar más de 44 horas semanales.
Las suspensiones son arbitrarias y mal remuneradas. Pues cuando se suspende el trabajo por fuerza ajena al operario se paga solamente el 75% del básico neto y del vale alimentario, con un límite máximo de 44 horas por año. La empresa puede pagar el 100% a cambio de trabajo fuera de jornada el día sábado (máximo de tres horas).
Algo novedoso con respecto a los convenios anteriores que pudimos consultar es lo referido al famoso día "puente". En efecto la empresa puede dar el día "libre" en una jornada que quede entre dos feriados, disponiendo que a cambio se trabaje los días sábados que serán, a ese efecto, días hábiles comunes.
Además la empresa puede ñsegún un innovador criterio de eficiencia y de polivalencia- cambiar los puestos de trabajo respetando las categorías. Así, se abandona el concepto de actividad específica fijado en los convenios.
Otro de los puntos más peligrosos para el trabajador es lo referido a la organización del trabajo. La empresa ajusta al proceso productivo reconociendo al trabajador capacidades de autocontrol y autocertificación de calidad, al punto que las fallas o desperfectos señalados por un operario pueden detener las líneas de producción. Pero a su vez esta "responsabilidad" mal remunerada puede dar lugar a sanciones en caso de errores.
En cuanto a las categorías se registraron serios retrocesos con respecto a situaciones anteriores. Ahora existen solamente seis categorías profesionales, en lugar de doce como estaba establecido en el anterior encuadramiento. Las consecuencias salariales de esa nueva disposición perjudican a miles de trabajadores.
El gran golpe asestado al obrero por parte de la empresa radica fundamentalmente en la parte de remuneración. Hoy no rigen los salarios del convenio de los mecánicos. El salario se compone de una parte fija y otra variable (premio por productividad). Los salarios básicos son bajos respecto de otras terminales (excepto General Motors donde la explotación es mayor):550 pesos mensuales para la categoría inferior (1 peso=1dólar). El convenio Fiat-Smata estableció un salario básico entre un 39 y un 43 por ciento más bajo que el promedio de las otras terminales automotrices existentes en el país.
Los atropellos no tienen límite. Así, cuando las vacaciones superen los 14 días, la empresa puede decidir en qué período del año se efectivizará la licencia (diciembre-febrero o julio-agosto). En el convenio anterior el período iba de octubre a marzo.
En refrigerio se sigue pagando, pero el obrero come después de su turno de trabajo, fuera de la empresa.
Frente a semejantes barbaridades, la empresa sabe que hay y habrá respuestas sindicales. Así se crean dos comisiones para amortiguar los conflictos. Una para evaluar la estrategia empresaria; la otra, para analizar temas de higiene y seguridad laboral. Hasta nuestros días la empresa no reconoce al sindicato formado por los propios trabajadores, es decir la UOM seccional Ferreyra. Al contrario varios dirigentes fueron despedidos y los activistas sancionados de mil formas.
Ese gremio denunció que desde el principio del año actual hasta octubre la Fiat había producido 900 despidos directos o encubiertos. El hecho demuestra la esencia revanchista y antiobrera de la "flexibilización laboral". La experiencia actual de Fiat Auto en Córdoba, es una experiencia piloto. Y teniendo en cuenta aquellos despidos, no es ninguna panacea contra la desocupación.
Con todo el esfuerzo publicitario y propagandístico necesario, se había anunciado que Fiat había inaugurado la nueva planta automotriz con una inversión total de 600 millones de dólares abriendo también 5000 puestos de trabajo. Pero se olvidaron de señalar que los 1700 empleados de Cormec (actualmente Fiat Auto) fueron despedidos. La indemnización fue la "zanahoria" para que aquellos aceptaran el despido. Minutos después los abogados de la empresa les hicieron firmar su incorporación a Fiat Auto, pero con el convenio de trabajo flexible que venimos analizando, que empeoraba las condiciones laborales anteriores y especialmente con una rebaja salarial.
En Cormec, por ejemplo, el salario por hora oscilaba entre $4,20 y $6,00, mientras que el de Fiat es de $2,68 más 32 centavos de ticket comedor. O sea que el salario sufrió un recorte de casi del 50 por ciento. De 800 pesos mensuales, los obreros ahora perciben 400. Hace falta recordar que Cormec era una fábrica de motores y cajas de cambio surgida de la asociación Macri-Sevel y la Fiat de Turín, que ahora pasó completamente al dominio de la segunda.
Como por arte de magia, los obreros traspasados perdieron su antigüedad, categoría laboral, beneficios vacacionales y premio por producción. Y los trabajadores que se negaron a la transferencia en esos términos fueron automáticamente despedidos.
Hace ya 25 años, esa misma empresa Fiat creyó haber terminado para siempre con el sindicalismo combativo, cuando aplastó a Sitrac-Sitram, pero la historia se encargó de demostrar que se equivocaba. La "flexibilización" motivó que la planta de Cormec-Fiat fuera tomada durante cinco días en setiembre de 1996, siendo echado a patadas la vieja dirección traidora de la UOM-Córdoba y eligiéndose por asamblea una nueva dirección gremial.
El proceso antiburocrático tuvo luego altibajos, a causa de la influencia del reformismo y la socialdemocracia en algunos dirigentes de la UOM Ferreyra. Pero de todos modos se desarrollan en distintas plantas los delegados, agrupaciones y listas de obreros combativos, como ser la Lista Blanca del SMATA que ganó las elecciones gremiales dentro de la planta de Renault de Santa Isabel (Córdoba). Cada día la clase obrera demuestra su capacidad para luchar y revertir la situación.
La experiencia de Cormec-Fiat mostró en forma dolorosa que los obreros no pueden esperar de la tan mentada "flexibilización" más que rebajas salariales, empeoramiento de las condiciones laborales y despidos.
4) QUÉ SUCEDE CON LOS DOCENTES?
La Ley Federal de Educación, sancionada por el gobierno menemista en 1993, esconde detrás de la pantalla de la "transformación educativa", el intento más serio y exitoso para aplicar la "flexibilización laboral" a la docencia argentina.
En general antes de esa norma existía el consenso de que el sistema educativo público estaba, y está, en crisis como consecuencia de una serie de factores (económicos, políticos, pedagógicos y didácticos). La solución debía ser política. Pero el gobierno, con aquella ley, le dio una "solución" política neoliberal, coherente con la entrega del país a las multinacionales.
Antes de sancionar su ley, el gobierno transfirió a las jurisdicciones provinciales todas las escuelas y colegios que dependían de la Nación, sin suficientes partidas presupuestarias. Esto hizo que las provincias tuvieran que hacerse cargo de pagar salarios docentes, subsidios a colegios privados, gastos de equipamiento, etc., con sus exiguas partidas.
La Ley Federal estableció que a lo largo de cinco años el presupuesto educativo se incrementaría el 20 por ciento, con lo que este se duplicaría hacia 1999. Pero esta pauta no se cumplió en 1996 ni en 1997. De ese modo se escamoteó a Educación $ 7.000 millones.
El oficialismo empapeló la capital de la provincia de Salta con afiches propagandizando que en dos años había aumentado en un 25% el presupuesto educativo. En realidad la forma correcta de medir no es el monto nominal asignado sino viendo la relación de inversión por alumno/año. En el año 1987 era de $1.300 alumno/año, y en este momento es de $670, por lo que ha habido una disminución del 50 por ciento.
El ajuste se produjo a través del despido de aproximadamente 3.000 docentes salteños. Hubo compactación de grados, es decir fusión de varios grados en otro más numeroso. Eso dejó maestros sin trabajo, elevando el desempleo por un lado, y agravó la explotación de los maestros por el otro, ya que anteriormente el promedio era de 20 alumnos hasta 3er grado primario y de 15 alumnos de 4to a 7mo. grado. Actualmente esos máximos son los mínimos, y el promedio de alumnos por grados en zonas urbanas es superior a 30, llegando hasta 40.
Esa superpoblación, que se repite en casi todas las provincias del país, significa un mayor esfuerzo para el docente y atenta contra la calidad de la enseñanza. La "compactación de grados" también significó la no-titularización de docentes interinos y suplentes.
En Salta se aprobó la ley provincial de Educación como copia de la Ley Federal, y también un "Estatuto del Educador" que vino a reemplazar al histórico Estatuto Docente.
En otras provincias, como Córdoba, las autoridades han anunciado que harán una "Revisión total del estatuto de los maestros" (diario "La Voz del Interior", 9/10/97). De hecho ese estatuto ya está vulnerado porque en el sueldo mensual de sólo $300 ya hay $100 que no están incorporados al básico sino que son un premio al presentismo. Se pierde a la primera inasistencia y es un "premio" para desalentar huelgas, que también existe en Buenos Aires y otros distritos. Hubo casos de muertes de maestras por concurrir enfermas al trabajo para no perder "el presentismo".
En la provincia de La Pampa, se denunció que "el financiamiento del Banco Mundial viene atado a la reconversión laboral docente, al régimen por contrato, supresión de la estabilidad, recortamiento del régimen de licencias, prolongación de la jornada laboral, achicamiento de las bonificaciones por antigüedad y su reemplazo por un salario por 'mérito' en base a las evaluaciones sujetas a las autoridades de turno" (diario "LA ARENA", 7/10/97).
Confirmando que es el Banco Mundial la verdadera usina de la precarización laboral docente, su directora para Argentina, Chile y Uruguay, Myrna Alexander, declaró el 23 de noviembre último al matutino "Página/12": "Los maestros tienen demasiados beneficios sociales: vacaciones, tiempo para estudiar, capacitación. Si un maestro tomara todos esos beneficios insumiría el 50 por ciento de su tiempo".
La política del gobierno justicialista de Salta significó, en lo administrativo, la desaparición del Consejo General de Educación, y de la Junta de Calificación y Disciplina, organismos que estaban integrados también por docentes. Al verticalizarse la estructura, el ministerio de Educación maneja arbitrariamente nombramientos, programas y recursos.
Eso trajo la eliminación de la carrera docente, los nombramientos "políticos" sin respetar puntajes, y la pérdida del concepto de antigüedad, que ha sido congelado (un docente que ingresa al sistema no lo cobrará). Ese ítem era acumulativo: 20% del salario básico los primeros 5 años, 25% hasta los 10 años, 50% hasta los 15 años y 100% después de los 20 años de antigüedad.
También se eliminaron en varios distritos del país el pago de una bonificación por zona desfavorable y por jornada completa, a la vez que no se han hecho nombramientos de maestros especiales (que atienden a alumnos con Necesidades Educativas Especiales-NEE).
Los salarios se mantienen congelados desde 1991. Los distritos que lucharon han conseguido algunos pequeños aumentos, como en Salta luego del paro de siete semanas en 1994. De todos modos fueron apenas $70 en "negro", o sea no remunerativos, que no sacaron al salario de esa provincia de la condición de ser uno de los más bajos del país: $250 de bolsillo.
Otra manifestación de la "flexibilización laboral" fue la extensión de la carga horaria. Una forma fue prohibir las reuniones de personal en horarios de clases, lo que obligó a hacerlas en contra-turno. Otra forma es imponer jornadas del "Plan Social" los días sábados todo el día. Hay provincias donde el maestro además de enseñar en el aula tiene que atender el comedor escolar y cumplir con otras funciones ajenas a la docencia, por el mismo salario.
Se ha amenazado a los docentes con que deben "perfeccionarse" so peligro de despido. Por medio de la "Red Federal" se han implementado una serie de cursos que no son gratuitos, no se asiste a ellos como parte del servicio y no tienen un buen nivel académico. Sus horarios son intensivos e inconvenientes, dejando afuera a los docentes interinos y suplentes, lo que priva a éstos de un número equis de "créditos" (puntaje asignado a cada curso) necesarios para aspirar a un cargo.
"Eficiencia" y "productividad" son dos conceptos introducidos a la Ley Federal de Educación, que han provocado falta de solidaridad y competencia desmedida entre docentes.
A los padres de los alumnos se les exigen contribuciones económicas a las escuelas, como si el financiamiento de éstas fuera una carga de esos padres y no del Estado que percibe los impuestos. Si los padres no aportan dinero, sus hijos no serán inscriptos. Los proyectos institucionales legalizan y dan fuerza a esos requerimientos, incluyendo los aportes de las empresas privadas, las Organizaciones No Gubernamentales-ONG, los municipios, etc. Todo esto apunta hacia una privatización encubierta de la escuela pública.
La reválida de títulos de los docentes y su evaluación posterior significarán la precarización laboral y el fin de la carrera docente, estableciendo un régimen de contratos. Ejemplo: una institución presenta un proyecto estableciendo objetivos a alcanzar en un plazo de dos años. Directivos y docentes tendrán garantizados sus trabajos por esos dos años, con un contrato a tal efecto. Luego habrá otro contrato y vuelta a empezar, luego otro, etc.
La reforma también afectará la composición del salario docente ya que introducirá rubros como perfeccionamiento, eficiencia y productividad, los que serán mejorados discrecionalmente por las autoridades del establecimiento.
Se quieren cerrar las escuelas especiales y que sus alumnos sean absorbidos por la escuela común, lo que provocará dos efectos negativos: se quedarán sin empleo las maestras especiales, y habrá sobrecarga para los docentes de la enseñanza general básica.
La situación gremial de la docencia presenta casos de extremo colaboracionismo de varios de sus dirigentes con los ministerios de educación a nivel nacional y provincial. Por ejemplo, la cúpula de la UEPC (Unión Educadores de la Pcia. de Córdoba) aceptó convocar con el ministro respectivo a la revisión del Estatuto Docente. Otros casos expresan una política de "tironeos" con el gobierno, como la preconizada por la mayoría de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), que mantiene una huelga de hambre con equipos rotativos frente al Congreso ñla Carpa Blanca- en demanda de mayor financiamiento educativo pero sin reclamar la derogación de la Ley Federal de Educación.
De lo que se trata es de unir y organizar a los sectores más combativos de la docencia, expresados en la Lista Rosa y Verde de Salta, Lista Marrón de Mendoza, Frente de Trabajadores de la Educación de La Pampa, parte de los integrantes de la ex Lista Rosa a nivel nacional, etc. Un dato objetivo de que hay buenas condiciones para dar esa lucha es que a lo largo de 1997 los docentes realizaron 5 huelgas generales y en varias provincias han amenazado con no iniciar las clases del ciclo lectivo 1998.
5) LA SITUACION EN LOS SUPERMERCADOS
Desde fines de la década del '60 los supermercados comenzaron su expansión en el comercio argentino. Pero fue en los '90 que adquirieron un peso extraordinario, mandando a la quiebra al pequeño y mediano comercio. En este momento existen unas 60 cadenas de supermercados a nivel nacional y un lote de "pesos pesados" se llevan la parte del león.
Carrefour es francés; Disco, Coto y Tía son de la gran burguesía local; Norte y Wal Mart son norteamericanos y Jumbo es chileno. Aunque Wal Mart comenzó a desembarcar re recientemente, es la gran competidora del líder Carrefour en una lucha intermonopolista que se libra en toda América del Sur.
El cálculo de las entidades afectadas (alma cenes y pequeños comercios) es que por cada puesto de trabajo que crean los super, se pierden unos 400 en los negocios que se cierran. Varios de los supermercados mencionados son verdaderos hipermercados, que se combinan con shopping-centers y en algunos casos hotelería.
Los supermercados, con 1.195 locales en todo el país, venden el 46,6 por ciento de alimentos y bebidas, proporción que sube al 71 por ciento si se suman los autoservicios. Los 114.227 almacenes tradicionales solamente expenden el 28 por ciento de este rubro.
Estas grandes empresas nacionales y trasnacionales aprovechan los subsidios del Estado. Por ejemplo, el Estado les entrega un subsidio de $200 mensuales por cada joven que contratan, al que los supermercados le pagan solamente $300, por lo cual los patrones privados ponen sólo $100 de su bolsillo.
Los datos de la extranjerización están a la vista en el recuadro de esta página. Añadimos que el 70 por ciento de los shopping-centers han sido adquiridos por el inversor húngaro norteamericano George Soros y su empresa IRSA.
La explotación a que los supermercados someten a sus empleados es de las más salvajes de toda la economía argentina. Se basa, como marco, en una situación de desempleo que les permite esclavizar a un personal temeroso del despido. En Córdoba recientemente Wal Mart puso un aviso pidiendo empleados, ofreciendo un salario de $300 mensuales. Aunque las vacantes eran 1.100 se presentaron 12.000 personas en 48 horas, la mayoría jóvenes con estudios secundarios completos y muchos con estudios universitarios.
El 23 de marzo de este año, un programa de televisión ("Día D", conducido por el periodista Jorge Lanata) mostró testimonios de empleados que eran explotados con jornadas de trabajo de hasta 18 horas diarias sin reconocérseles horas extras, y con un sueldo de $300-$400 mensuales. Se vieron casos de trabajo continuo de 24 y hasta 32 horas sin pago de adicionales. En este sistema hay restricción hasta para ir al baño y cuando se los autoriza hay una requisa personal para que no se lleven algún sandwich para comer. La revisación se reitera al salir del trabajo. En los sanitarios están instaladas cámaras de TV para vigilar a los empleados incluso cuando hacen sus necesidades, lo que muestra una vez más la genialidad de Charles Chaplin con su denuncia anticapitalista de su film "Tiempos Modernos". °Y después nos dicen que el modelo neoliberal es sinónimo de "modernidad"°.
Tomemos el caso concreto de Supermercados Americanos, firma comercial de Casa Petrini SA, que es la propietaria del Nuevo Centro Shopping (valor esqueleto 20 millones de dólares) y que junto a Delta SA se asoció a los norteamericanos para construir en Córdoba el Sheraton Hotel (40 millones de dólares).
Americanos posee 60 sucursales y parte de sus productos agrícola-ganaderos los obtiene de sus propias explotaciones en el este de la provincia de Córdoba.
Tiene 2.500 empleados, de los cuales el 60 por ciento son jóvenes que ingresaron por contratos de aprendizaje, en el marco de la nueva Ley Nacional de Empleo. Su sueldo mensual es de $330 con contratos por períodos que van de 3 meses a 2 años, sin hacer aportes jubilatorios ni proveer obra social. Se los llama "part time" aunque su carga horaria es de 36 horas semanales a razón de $2,64 por hora y no gozan de vacaciones anuales pagas.
Los empleados "full time" trabajan 44 horas semanales, con un sueldo de $380.
La desprotección de ambos sectores es total. No hay sindicato que los agrupe sino sólo una mutual bajo la forma de "asociación", lo que favorece el sistema esclavista común a todos los supermercados. La mayoría de éstos trabaja sábados y domingos, sin respetarse el descanso dominical obligatorio de la legislación laboral argentina. A los dos llamados de atención se está frente a causal de despido y hay prohibición al personal para que consuma, así sea comer una galletita (es causal de suspensión).
El horario se fracciona a gusto de la patronal, según los picos de ventas. Incluso los domingos suele exigirse al personal que concurra ciertas horas a la mañana y el resto a la noche.
Mientras todo esto ocurre, el Sindicato de Empleados de Comercio, que tiene afiliados entre los empleados de los supermercados, mira para otro lado en actitud de complicidad con los grandes capitalistas. Su capo máximo del SEC a nivel nacional es Armando Cavalieri, quien primero firmó un convenio flexibilizado con los supermercados y luego otro similar con el resto de la patronal mercantil agrupada en CAME. Cavalieri es un típico sindicalista empresario, que tiene grandes propiedades inmobiliarias, campos y otras inversiones.
6) EL SECRETARIO DE LA CGT LO ACEPTO EN SU PROPIO GREMIO
La industria de la alimentación es una rama que aprovecha las llamadas "ventajas comparativas" de la Argentina. Además de cubrir el mercado interno se dedica a exportar a Brasil y el Mercosur por cifras importantes. Se vaticina que en 1997 habrá exportado alimentos por 9.500 millones de dólares, casi el 40 por ciento de las exportaciones totales del país.
El negocio atrajo inversiones extranjeras y, en menor medida, de grupos concentrados nacionales. Este renglón es uno de los más irrefutables para caracterizar el proceso de extranjerización que ñbajo el gobierno de Carlos Menem- se ha registrado en la economía.
La industria de la alimentación es la que registró "el mayor número de pases de empresas locales a manos de multinacionales. Desde 1990 a la fecha se produjeron más de 60 ventas, y en la actualidad, de las 20 firmas más grandes de alimentos procesados, sólo Arcor conserva su carácter de empresa de capital 100% nacional" (revista "Mercado", octubre 1997).
Algunos de los traspasos más notables fueron los de las fábricas de galletitas Terrabusi a los norteamericanos de Nabisco, y Bagley a los franceses de Danone. Nestlé y Kraft-Suchard (de Philip Morris) ya estaban hace rato, en tanto los italianos de Parmalat y el grupo chileno Luksic desembarcaron hace poco. Entre los nacionales se destacan Molinos (de Bunge & Born), Arcor, Mastellone y SanCor.
Pues bien, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) es el que representa en Capital Federal a los obreros de esta rama industrial. Su secretario general, Rodolfo Daer, fue electo en setiembre de 1996 como secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).
En ese año Daer hacía discursos y hasta alguna de medida de fuerza parcial contra la "flexibilización laboral" impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. Pero lo suyo era falso. Hacía dos años que ñjunto a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación- había firmado un Convenio Colectivo de Trabajo flexible con la patronal de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA). El mismo fijó en su artículo quinto que el ámbito de aplicación era "todo el territorio de la República Argentina".
En ese convenio se habilitó la negociación colectiva por empresa, tal como reclamaban los capitalistas, a quienes siempre les resulta más conveniente negociar por separado con la parte obrera.
También se contempló la "polivalencia y multifuncionalidad para el logro de una mejor productividad". El documento precisó que ellas "implican la posibilidad de asignar al trabajador funciones y tareas diferentes a las que en principio le sean propias, en atención a la finalidad de eficiencia operativa" (diario "Página/12", 22/9/97).
El convenio aceptó las modalidades de contrataciones temporarias, y habilitó a las patronales a fijar la "modalidad y época de otorgamiento" de las licencias, modificaciones de los horarios de trabajo, etc.
De los 14.000 trabajadores de este gremio en Capital Federal y conurbano bonaerense, la mayoría revista en la categoría de contratados.
Las escalas salariales informan de sueldos de miseria: un oficial calificado de máxima categoría es de $1,80 la hora ($345 al mes).
Daer firmó un convenio que permite el trabajo de menores de 14 años, a los que se fijó un salario horario de $1,15 y hacen las mismas tareas que los adultos. El burócrata sindical se sacó definitivamente la careta en junio de 1997, cuando firmó un Acta de Coincidencias con el gobierno nacional sobre la "flexibilización laboral", que al mes siguiente fue enviado por Menem al Congreso como proyecto de ley.
Con eso la dirigencia de la CGT procura hacer a nivel nacional lo que Daer hizo en la alimentación: que la patronal negocie con la burocracia sindical una "flexibilización" donde la cúpula gremial no sea dejada completamente de lado. A cambio de semejante claudicación, quieren que el gobierno les preserve las obras sociales sindicales, consideradas "la caja" financiera de aquellos dirigentes.
Al calor de este convenio flexible, patronales como la de Arcor hicieron estragos entre su personal. De los 5.000 empleados que tenían en 15 plantas de Argentina, despidieron aproximadamente a 1.000, reduciendo el salario entre un 10 y 15% a quienes permanecieron en sus puestos de trabajo.
Por eso la lucha del movimiento obrero contra la "flexibilización laboral" marcha conjuntamente con la campaña por sacarse de encima a los jerarcas sindicales porque éstos son los socios del gobierno y las patronales.
En algunos casos esa recuperación es todavía posible por medio de la presentación de listas combativas y unitarias en las elecciones de renovación de las comisiones directivas, que se realizan cada 3 o 4 años.
Pero el alto número de fraudes y proscripciones de esas listas, por parte de la burocracia sindical, habilita otro camino que ya se ha recorrido en algunos gremios. Los trabajadores hicieron asambleas generales, depusieron a los dirigentes capituladores y eligieron comisiones provisorias. Eso ocurrió en la planta de Cormec-Fiat en setiembre de 1996 y en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba en octubre del mismo año.
La conversión de los burócratas en empresarios, su proscriptivo y violento manejo de las estructuras sindicales, hacen prever que el método de echarlos violentamente de los gremios se irá haciendo el más usado.
7) GLOSARIO Y ACLARACIONES
1.- La moneda argentina es el peso y cotiza mediante ley de convertibilidad un peso igual a un dólar.
2.- Mercosur: Mercado Común del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Están en proceso de incorporación Chile y Bolivia.
3.- Conurbano bonaerense: suburbios de la Capital Federal, Buenos Aires, que forman parte de la provincia del mismo nombre (Buenos Aires).
4.- Justicialismo: o peronismo, de Partido Justicialista, en el gobierno desde 1989.
5.- AFJP: Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones privadas, creadas por ley en 1994 para privatizar el sistema previsional. Hasta octubre de 1997 manejaban fondos por 8.000 millones de dólares. Al afiliado le retienen 11 puntos de su salario, le capitalizan en una cuenta 7,5 puntos y se quedan ellas con los 3,5 puntos restantes en concepto de gastos y comisiones.
6.- Pymes: Pequeñas y medianas empresas, se consideran tales las que ocupan hasta 40 personas.
7.- Puebladas: Movilizaciones populares violentas en pueblos del interior, como la de Santiago del Estero en diciembre de 1993, en que las masas atacaron las sedes de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial)-
8.- "Efecto tequila": Se conoce así a la recesión, fuga de capitales y corridas bancarias, con los consiguientes daños a los trabajadores, iniciada en diciembre de 1994 con la devaluación mexicana.
9.- Tercerización: Movimiento de las grandes empresas que entregan a terceros determinadas fases de la producción que antes hacían por su propia cuenta, reduciendo personal y costos.